Región Caribe

La subasta para escoger al operador para el manejo del servicio de energía en la Región Caribe se realizará en el mes de diciembre.

El nuevo cronograma fija que los días 3, 6 y 12 de diciembre se realizarán las subastas. Mientras que el 25 de noviembre será el último plazo para la recepción de las propuestas por parte de las seis empresas calificadas.

Las firmas calificadas son tres nacionales y tres extranjeras. Y además quedó abierta la opción para que solo inversionistas asuma la prestación del servicio de energía en la Región.

Cabe resaltar que el 16 de septiembre se había elegido como fecha límite para la presentación de las ofertas y se programaron dos subastas para el 24 de septiembre, Caribe Mar, y el 4 de octubre, Caribe Sol.

 

La Agente Especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas Combariza, informó que más de 33.000 clientes hicieron un acuerdo de pago para cancelar la deuda que tienen con la empresa. El acuerdo llega en medio de una campaña de cobros llamada 'Libérate de la mora' en toda la Región Caribe. 

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta campaña y hoy agradecemos a los 33.419 clientes que se acogieron a los beneficios ofrecidos y realizaron acuerdos flexibles que le facilitan el pago mensual de su factura para normalizar sus deudas por concepto de energía”, aseguró la funcionaria. 

Según el balance entregado por la empresa prestadora del servicio de energía, los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 fueron los que mayor receptividad tuvieron ante los planes ofrecidos.

“Agradecemos el compromiso de quienes reconocen su deber como usuarios, teniendo en cuenta que estos recursos son importantes para la mejora del servicio. La invitación ahora es a cumplir el pago de sus cuotas mensuales para que puedan aprovechar los incentivos que estaremos ofreciendo a futuro a los clientes que mantengan mes a mes el pago de sus obligaciones”, concluyó.

La Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía General a Carlos Alberto Ordosgoitia Sanín, candidato a la Alcaldía de Montería, por presuntamente haberse beneficiado del régimen subsidiado de salud durante más de siete años (2011-2018), a pesar de reunir las condiciones económicas para realizar aportes al régimen contributivo.

El Ministerio Público requirió a la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ADRES, a la Unidad de Pensiones y Parafiscales- UGPP-, a la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, sobre la condición de afiliación de Ordosgoitia Sanín, los dineros en los que incurrió el Estado para garantizarle la prestación de servicio de salud y su calidad de contribuyente de impuestos.

Así mismo, exhortó a la UGPP el inicio de un proceso de fiscalización para el  reintegro al erario de los dineros pagados por la afiliación del hoy candidato, cuya actitud impidió que una persona de escasos recursos pudiera acceder a los servicios del régimen subsidiado de salud.

Esta acción es un esfuerzo más, por parte de la Procuraduría General de la Nación, a fin de logar salvaguardar los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud.

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira ordenó al municipio de Riohacha suspender las transferencias de ingresos corrientes de la Nación al patrimonio autónomo constituido por la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado -ASAA S.A. E.S.P.-, encargada de los servicios de acueducto y alcantarillado.

En una acción popular instaurada ante ese tribunal, la Procuraduría pidió como medida cautelar la suspensión de las transferencias irregulares que se realizan desde el 31 de diciembre de 2013, sin contar con la autorización del concejo de la ciudad, para que los alcaldes comprometan las vigencias futuras y las pignoren a favor del patrimonio autónomo del operador del servicio.  

De acuerdo con la interventoría del contrato, en el periodo comprendido entre 2014 y 2018 el municipio giró más de $22.843 millones a ASAA S.A. E.S.P., sin que existiera un sustento legal o reglamentario que lo justificara. 

El Ministerio Público instauró la acción popular para proteger el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, ante las consecuencias que puede representar para el erario del municipio de Riohacha el hecho de que se sigan realizando esas transferencias. 

El Tribunal señaló que con la medida cautelar se busca evitar que se prolongue en el tiempo la afectación al patrimonio público que se ha evidenciado, lo que no se podría garantizar si se siguen girando los recursos sin el cumplimiento de las exigencias legales contractuales requeridas.

Una vez quede establecida la legalidad de los giros, la Procuraduría vigilará que las inversiones sean debidamente planeadas y ejecutadas. 

Página 1 de 66

gases del caribe       Gecelca

Contactenos

PBX: (57) (5) 3586821 - Línea de atención: 3560428

Dirección: Cra 53 # 82 - 132

Top
Разработано с JooMix.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…