Procuraduría suspendió al gobernador de La Guajira por contrato de bilingüismo

30 Julio 2019
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La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, por presuntas irregularidades en la firma del contrato de bilingüismo por $11.415’893.720.

El Ministerio Público intenta establecer la existencia de “posibles faltas en la suscripción mediante modalidad de contratación directa de un convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones Niu Telco S.A.S., para el ‘fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira‘”.

El jueves pasado, la Fiscalía General también abrió investigación, tras el escándalo que generó la firma del contrato en un departamento agobiado por desnutrición infantil y la falta de agua, entre muchos problemas.

El contrato #0011 de 2019  suscrito el 26 de junio, generó polémica porque en el documento se refería a 38 sedes urbanas beneficiadas en 38 municipios guajiros, cuando este departamento solo tiene 15 municipios. La Gobernación adujo “error de transcripción”.

Niu Telco S.A.S fue inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta el 6 de agosto de 2018. Su representante legal es Mayret Zoraida Niño Moreno.

Según la revista Semana,  también uno de los miembros de la junta directiva es el contratista barranquillero Juan Carlos Cáceres Bayona, quien también es  representante legal de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información en Colombia (Funtics), que ha  ejecutado al menos 10 contratos desde 2012 en La Guajira. El primero, que se firmó con la Gobernación fue en 2014. 

Para 2015 firmó uno por 20.000 millones de pesos que enredó a la gobernadora Oneida Pinto, investigada por la Procuraduría.

Indagación preliminar

Tras conocer la noticia de que la administración departamental habría firmado el convenio, horas antes de entrar en vigencia la Ley 996 de 2015 o Ley de Garantías, la Procuraduría Regional de La Guajira abrió indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas, entre ellas una vista a la empresa radicada en Cúcuta, sin que fuera posible su ubicación en la sede que registró en el Ocad Regional Caribe, que aprobó la financiación del proyecto de bilingüismo en La Guajira con recursos del Sistema General de Regalías, SGR.

Por ello, el ente de control disciplinario ordenó el traslado del proceso a Bogotá, la apertura de investigación y la suspensión, como medida cautelar, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías; que aunque entró a regir desde el pasado 27 de junio de 2019, permite la convocatoria a licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos".

La Procuraduría ordenó la práctica de nuevas pruebas para verificar si la conducta del mandatario (e) constituye falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública. 

También solicitó información sobre la constitución de la empresa Niu Telco S.A.S., su planta de personal para el 26 de junio de 2019, así como los equipos, red y otros elementos con los que contaba para ejecutar el convenio. “El investigado podrá solicitar una vez más ser escuchado en versión libre, como estaba previsto el pasado miércoles en la Regional de La Guajira, sin que se presentara a la diligencia", asegura el Ministerio Público.

En Norte de Santander. La Procuraduría compulsó copias de esta decisión para que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien al parecer habría suscrito un negocio jurídico para el ‘fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el departamento de Norte de Santander', "que sería similar al objeto del contrato que habría dado origen al proceso contra el gobernador (e) de La Guajira”.

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