"Lobo Feroz" podría quedar en libertad si no se pide su extradición antes de que finalicen los 90 días

12 Febrero 2018
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La Comisión Segunda de la Cámara, de relaciones exteriores, en cabeza de su presidente, Efraín Torres, de La U, le advirtió al Gobierno que no se puede dejar pasar el término de 90 días para pedir en extradición desde Venezuela a Juan Carlos Sánchez Latorre, alias el ‘Lobo Feroz’, debido a que "podría quedar en libertad".

"Solicito al Gobierno Nacional conformar una comisión diplomática para acelerar la extradición de Juan Carlos Sánchez, alias el ‘Lobo feroz’. No podemos dejar a la suerte este proceso y mucho menos dejar vencer el plazo de 90 días que tiene el Gobierno colombiano para solicitar formalmente la extradición", señaló el representante titular de la célula legislativa de asuntos internacionales.

“Debo advertir una vez más que se debe actuar con celeridad, pues de quedar en libertad este criminal, se podría poner en peligro a muchos otros menores. Por eso, es tiempo de apartar las diferencias diplomáticas para que ambos Gobiernos actúen en equipo, pues en este caso lo primero son los derechos de los niños y de las víctimas en Colombia que claman justicia”.

Las gestiones diplomáticas y judiciales al respecto van en que la Fiscalía, a través de la Cancillería, pidió el pasado 26 de enero ante Venezuela la detención con fines de extradición del barranquillero, capturado el pasado 1 de diciembre en el vecino país.

Según la ley, para solicitar a un colombiano en extradición formalmente desde el exterior, la autoridad judicial solicitante, es decir, un fiscal o un juez “pedirá al Ministerio de Justicia que solicite la extradición (...) cuando contra una persona que se encuentre en el exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento, resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no inferior a dos años de prisión”.

Posteriormente, la cartera del derecho examina la solicitud y la envía a la Cancillería, ente que “sujetándose a los convenios o usos internacionales, adelanta las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del gobierno extranjero la extradición”.

 

 

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