Nacionales

La Interpol emitió circular roja contra Seuxis Paucias Hernández Solarte como una de las personas más buscadas por la Policía Internacional. 

La noticia se conoció a finales del mes pasado, pero solo hasta hoy se hizo oficial en la página web de la Interpol.

Jesús Santrich es buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

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Ante esta noticia, el presidente Iván Duque, desde Cartagena, celebró la decisión de la Policía Internacional.

"Celebramos la inclusión de alias ‘Jesús Santrich’ en la circular roja de Interpol. Todos los países del mundo tienen el deber de llevar a prófugos y delincuentes ante la justicia", publicó Duque en su red social de Twitter.

 

El Gobierno colombiano enviará 450 soldados más al suroccidental departamento del Cauca, azotado en el último mes por combates entre varios grupos armados y el asesinato de líderes indígenas, informó este martes el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

"Al finalizar (un) consejo de seguridad en compañía del gobernador del Cauca y alcaldes del departamento, se anunciaron 20 compromisos para mejorar la seguridad en el Cauca, entre ellos, aumentar el pie de fuerza con cerca de 450 nuevos soldados", escribió Botero en un mensaje en Twitter.

El funcionario señaló que los militares harán parte de la Tercera División del Ejército, que realizan labores de seguridad en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, todos en el suroeste del país.

El consejo se realizó en Popayán, capital departamental, y en él participaron el gobernador del Cauca, Óscar Campo; el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

La situación de seguridad se ha agravado en el Cauca en los últimos días, debido a enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las FARC que han vulnerado los derechos de los pobladores y afectado a misiones humanitarias.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó el lunes del confinamiento de 500 personas en ese departamento por combates, restringiendo su acceso a bienes y servicios.

La organización señaló que los enfrentamientos armados han causado el confinamiento de 200 familias que habitan en las veredas (aldeas) de Los Mangos, Naranjal parte baja y La Esmeralda, todas en el municipio de Suárez (Cauca).

Ese municipio es uno de los que más ha sufrido los embates del conflicto e incluso el pasado viernes una delegación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y de la Defensoría del Pueblo quedó en medio de un ataque a la fuerza pública.

Esa delegación tenía como objetivo realizar labores humanitarias en la zona, por lo que instó "urgentemente" al Ministerio del Interior y a la Gobernación del Cauca a "coordinar un corredor humanitario" para que ingresen alimentos y víveres.

De igual forma, las comunidades indígenas han sido víctimas de ese conflicto, pues la semana pasada el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó del asesinato de dos integrantes de la Guardia Indígena.

En esa región, además de las disidencias de las FARC delinque el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que se disputa el control del territorio y el narcotráfico.

Los combates también han causado la muerte de militares como el sargento segundo Álvaro Alexander Hernández, quien falleció tras un enfrentamiento en Suárez.

De igual forma, la semana pasada la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) denunció el asesinato de Orlando Gómez, rector de la Institución Educativa Agro Empresarial Huasanó en el vecino municipio de Caloto y familiar de uno de sus investigadores regionales. 

EFE

La Fiscalía General de la Nación informó este martes que de los 302 casos reportados por las Naciones Unidas, los fiscales han logrado un avance en el esclarecimiento correspondiente a 58,61%, lo cual corresponde a 177 casos. 

Recordó a partir de 2016 ha diseñado e implementado una estrategia de investigación y judicialización de delitos que han puesto en peligro la integridad de los defensores de derechos humanos. 

Producto de este trabajo, afirmó que han sido individualizados los presuntos responsables e identificado las causas de la victimización. 

"Asimismo, se han logrado 33 sentencias condenatorias; 55 casos están en etapa de juicio; 45 en investigación (con imputación de cargos); 41 en indagación con orden de captura; tres casos fueron precluidos por la muerte del indiciado y 125 hechos se encuentran en fase de indagación con órdenes a Policía Judicial", indicó el ente acusador.

Por último, de los hechos con avance en el esclarecimiento, 58,19 % de los homicidios son atribuibles a integrantes de una organización criminal.

La Superintendencia de Salud impuso dos multas a la EPS Medimás que suman cerca de $ 6.000 millones de pesos por fallas en la prestación de los servicios de salud de sus afiliados y por el no reporte de información que obstruyó las acciones de inspección y vigilancia propias de la Entidad.

La primera sanción equivale a $ 4.968 millones de pesos y se debe a la no entrega de medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato.

La otra sanción se debe al incumplimiento de Medimás quien no dio una respuesta oportuna y con calidad a la Superintendencia, quien requirió a la EPS por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo Ia vida y salud de sus afiliados en el departamento de Cundinamarca. Esta sanción equivale a los $ 828 millones de pesos. 

“Con estas multas, la Superintendencia Nacional de Salud estrena los “dientes” entregados por la Ley 1949 de 2019, que le permitió aumentar su capacidad sancionatoria y a la vez, el monto de las sanciones”, indicó Andrés Evelio Mora, superintendente delegado para los procesos Administrativos de la Supersalud. 

 

 

La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Educadores anunció un paro a nivel nacional de 48 horas para los días 28 y 29 de agosto. 

El motivo de dicha movilización es para "exigir soluciones prontas y definitivas a la deficiente prestación del servicio de salud para los maestros y sus familias".

Según Fecode, "las entidades prestadoras del servicio médico no cumplen con los términos de los contratos, continúan con la negación de los medicamentos, las demoras en las cirugías, dilación en tratamientos, la imposibilidad para conseguir citas, entre otros graves problemas".

Además, el grupo de trabajadores en al educación aseguran que hay desidia en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, lo cual conlleva a demoras injustificadas en trámites y deudas millonarias: "Los docentes defenderemos nuestro fondo contra la amenaza de privatización, porque sí es viable financiera mente".

Por otro lado, una de las razones por las que los docentes convocan a otro paro a nivel nacional es por las amenazas y el asesinato de líderes sociales en todo el país.

"Desafortunadamente nos han asesinado 9 maestros y hay más de 650 amenazados. Nos reuniremos con la Unidad de Protección para analizar las medidas y garantías para proteger la vida de los maestros. En diferentes panfletos escriben las supuestas Águilas Negras, queremos saber quiénes son realmente, de dónde provienen las amenazas", explicó Nélson Alarcón, presidente de Fecode. 

 

 

En asamblea realizada este miércoles, La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y sus filiales aprobó por unanimidad convocar a un Paro Nacional de 48 horas en el sector educativo para los próximos días 28 y 29 de agosto.

Las razones para el cese de actividades se sustentan en exigis prontas y definitivas soluciones a la deficiente prestación del servicio de salud para los maestros y sus familias. A pesar de las movilizaciones y acuerdos establecidos con los docentes, las entidades prestadoras del servicio médico-asistencial no cumplen puntualmente con los términos de los contratos lo que conlleva a que continúe la negación de los medicamentos, demoras en cirugías, dilación de tratamientos, dificultad para la consecución de las citas entre otros problemas, lo que ha obligado en los últimos meses a que algunos sindicatos filiales adelanten paros en los departamentos.

A lo anterior, se suma que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación como fideicomitente, el Ministerio de Hacienda y la Fiduprevisora, tampoco cumplen a cabalidad la función de control y vigilancia. Asimismo se observa negligencia en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales lo que provoca demoras injustificadas en los trámites y deudas millonarias.

Otra de las razones para el cese de actividades, son las constantes amenazas y asesinatos contra líderes sociales, entre ellos, maestros. Además, la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados en mayo pasado y la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio.

FECODE exige el repeto al derecho de los docentes al ascenso y reubicación con garantías en el proceso.

De igual forma, el magisterio respalda la reforma constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones para incrementar los recursos de manera real y progresiva, asunto que discute en una Comisión de Alto Nivel de la cual hace parte FECODE.

La Federación ha impartido instrucciones a cada seccional para que empiecen a organizar las jornadas de protestas para los días antes mencionados.

El presidente de la República Iván Duque ordenó iniciar una investigación a fondo para establecer los hechos que dieron con la muerte de dos militares tras caer al vacío luego de que una cuerda sujeta a un helicóptero se rompiera, durante el Desfile de Silleteros, en Medellín. 

En este sentido, el mandatario precisó que las maniobras áreas serán suspendidas mientras se adelanta una evaluación rigurosa del caso.

De igual manera, Duque informó a través de su cuenta en Twitter que pidió al general Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, buscar cooperación internacional para esclarecer estos hechos.

El Gobierno colombiano afirmó este lunes que para el próximo año se destinarán 9,8 billones de pesos (unos 2.859 millones de dólares) para la implementación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016.

Así lo aseguró el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, durante el panel "Avances y logros en la implementación de la Política Paz con Legalidad", realizado en Bogotá y en el que el Gobierno presentó sus avances en esta materia.

Archila detalló que para el próximo año ese dinero se destinará para una reforma rural integral, reparación de víctimas, proyectos productivos, reincorporación de excombatientes y programas como Catatumbo Sostenible, entre otros.

Sobre esta última iniciativa, el funcionario afirmó que con un trabajo conjunto entre la comunidad internacional, el sector privado y tanto las instituciones locales como nacionales se busca transformar esa región del país en salud, educación, desarrollo agrícola y otras áreas.

A modo de ejemplo, mencionó que el Ministerio de Educación inició un proceso de contratación para mejorar 17 colegios por un valor de 309.000 dólares y que se destinaron por parte del Gobierno 491.000 dólares para ejecutar cuatro proyectos de fortalecimiento agrícola.

"El Gobierno considera como un aporte significativo y esencial para el desarrollo de esta región la construcción y el mejoramiento de las vías. Por eso, el Instituto Nacional de Vías asignó 10.000 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) para el mejoramiento de vías terciarias de los municipios del Catatumbo", agregó.

El Catatumbo es una de las regiones más convulsas del país y en ella operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, grupos narcotraficantes y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que es considerado por el Gobierno como una banda criminal. 

Esa región, que alberga extensos cultivos de coca, es además una de las más pobres y olvidadas de Colombia y está conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

De igual forma, Archila afirmó que para la reincorporación de los excombatientes de las FARC el Gobierno ha decidido "transformar la figura jurídica" de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a una permanente para impulsar su tránsito a la vida civil.

"Hay 29 proyectos productivos colectivos aprobados que vinculan a 1.934 personas en proceso de reincorporación, con un valor superior a los 21.335 millones de pesos (unos 6,2 millones de dólares)", agregó.

El Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de paz tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.

De igual forma, Archila calificó la sustitución voluntaria de cultivos como "un componente clave en la lucha integral contra el narcotráfico", por lo que se destinarán 565.000 millones de pesos en esta materia (unos 164,8 millones de dólares).

El presidente de Coljuegos, Juan B. Peréz, invita a todos los ciudadanos a realizar apuestas legales en todo el país y evitar el uso del chance ilegal, las máquinas tragamonedas y las apuestas deportivas ilegales. 

Peréz se reunió con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, con el fin de darle una solución a esta problematica que le quita cerca de $ 800.000 millones de pesos a los recursos del Estado que van directos al sector salud.

"El objetivo es articular esfuerzos con la Fiscalía General, la Policía y la Gobernación del Atlántico para perseguir a las estructuras criminales", indicó Peréz. 

El funcionario agregó que se vienen realizando otros operativos para combatir este flagelo. 

Las ciudades en donde se presenta con más frecuencia esto es Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

El total de matrículas del sector automotor en el mes de julio de 2019 fue de 22.874 vehículos, que representaron un crecimiento del 18,4% respecto al mismo mes del año anterior cuando se matricularon 19.315 unidades. En lo corrido del año, se destacaron los segmentos de “Automóviles” y “Utilitarios” al registrar los números de matrículas más altos con 68.309 y 45.208 unidades, respectivamente, en dónde el segmento Utilitarios registró un crecimiento del 9,4%, mientras Automóviles presentó un descenso de 1,3% frente al año anterior.

Las cinco marcas con mayor número de matrículas acumuladas en julio fueron Renault, Chevrolet, Nissan, Mazda y Kia, con participaciones de mercado en el orden de 21,7%, 17,8%, 8,4%, 8,1% y 7,6%, representando el 63,6% del total de los vehículos matriculados en este período. En relación con el mismo período del año anterior, entre las cinco primeras marcas, Renault y Mazda tuvieron un crecimiento del 16,9% y 6,4%, respectivamente; en tanto que Chevrolet, Nissan y Kia disminuyeron en 10,7%, 4,2% y 4,6%.

Para el séptimo mes del año, las cinco ciudades y sus áreas metropolitanas con mayor número de vehículos matriculados fueron Bogotá, D.C., Medellín (y el área metropolitana del Valle de Aburrá), Cali, Barranquilla y Funza, con participaciones de mercado del 29,5%, 16,0%, 10,5%, 4,4% y 4,4%, respectivamente, que en conjunto representaron el 64,8% del mercado nacional.

Eléctricos e Híbridos

Para este mes se matricularon 117 vehículos híbridos y 86 eléctricos. En materia de marcas observamos en las cinco primeras posiciones a Kia, Renault, Mercedes Benz, BMW y Nissan con participaciones del 24,6%, 20,7%, 17,2%, 16,3% y 7,4%, respectivamente.

Carga y Tractocamiones

En este segmento del sector para el mes de julio se registraron 520 matrículas nuevas de camiones y 76 de tractocamiones. Observamos en las cinco primeras posiciones a las marcas de Chevrolet, Foton, Hino, Kenworth y JAC con participaciones del 26,8%, 11,9%, 11,2%, 10,6% y 10,4%, respectivamente.

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Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, permitió desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el país en esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.

Gracias a la articulación de esfuerzos entre las entidades mencionadas, se logró la identificación de una organización delictiva dedicada a la comercialización de facturas espurias, con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

Se logró establecer, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.

Así habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios. Incluso habría adoptado modelos de evasión internacional para desangrar al Estado por más de una década.

Durante la investigación, adelantada en el marco del Plan Choque ‘El que la hace la paga’, Construyendo Seguridad, ordenado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pudo evidenciar que una sola de las empresas creadas y beneficiadas por este cartel efectuó maniobras irregulares y operaciones de comercio ficticio por más de 40.000 millones de pesos al año.

Adicionalmente, más de 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para lograr apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

Con base en todos los elementos recaudados, un juez de la República avaló las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en desarrollo de 17 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogotá, Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander).

Los capturados, puestos a disposición del ente acusador, responden ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas de entre 8 y 18 años de prisión.

La afectación económica atribuida a este ‘cartel de la evasión del IVA’, es decir los más de 2,3 billones de pesos, equivale a los recursos con los que se hubieran podido construir 10 hospitales de nivel 1, invertir 5 veces más en el sector deporte o, incluso, financiar todo el sector agropecuario durante un año.

Este viernes el presidente de la República Iván Duque le pidió al fiscal (e) General de la Nación, Fabio Espitia, solicitar la extradición de los miembros del Comando Central, Coce, del Eln.

El mandatario se pronunció tras la captura de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton o Sebastián, señalado del atentado de 2018 en la estación de policía de San José, en Barranquilla, que dejó un saldo de seis uniformados muertos y más de 40 heridos.

Además, el jefe de Estado recordó que a los miembros del Coce se les levantó la suspensión de las órdenes de captura el pasado 18 de enero, luego del otro atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander.

"Agradezco la colaboración que llevamos con el señor fiscal general, para que se adelanten las solicitudes de extradición de los miembros del Comando Central de esa organización terrorista", dijo Duque. 

Duque insistió en este sentido el presidente en que "no vamos a permitir que apelen al terrorismo para intimidar al pueblo colombiano (...). Seguiremos avanzando, en todo el territorio, para desmantelar las estructuras de este grupo terrorista".

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