La Academia de la Gestión Pública (AGP) hace un llamado urgente a los gobernantes que cumplen sus primeros 100 días frente a su obligación de establecer el estado de las obras inconclusas en su jurisdicción y de tomar todas las medidas necesarias para concluirlas o en su defecto demolerlas con justificación, como lo ordena la Ley 2020 de 2020.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Contraloría General de la República (CGR) se destacan 1.753 “elefantes blancos” y proyectos críticos en todo el país, por aproximadamente 15 billones de pesos.

Según el informe analizado por la Academia de la Gestión Pública los departamentos con mayor cantidad de recursos públicos comprometidos en obras inconclusas son: Valle del Cauca ($2,9 billones), Antioquia ($1,1 billones), Tolima ($1,03 billones), Santander ($901.000 millones) y La Guajira ($866.000 millones).

Mientras que los territorios con mayor cantidad de proyectos de este tipo son Cundinamarca (176), Valle del Cauca (165), Santander (130), Antioquia (125) y Bolívar (101).

De estos proyectos, 1.054 se encuentran categorizados como elefantes blancos u obras inconclusas, por un valor de $7.02 billones, mientras que los otros 699 proyectos fueron catalogados como proyectos críticos y su valor sería de $8.2 billones de pesos.

El mismo estudio asegura que los sectores con mayor cantidad de proyectos es el de educación con 433 proyectos; agua potable y saneamiento básico (319); vivienda (252 proyectos) y transporte con 198 proyectos.

Sandra Avellaneda Avendaño, Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública afirma que una de las causas comunes de las inversiones inconclusas son las graves debilidades en la maduración de proyectos y en la planeación contractual, lo cual lleva a que un alto porcentaje de los contratos de infraestructura en Colombia sean sistemáticamente adicionados y prorrogados y muchos otros, terminen en elefantes blancos que son monumentos a la ineficacia y la corrupción.

Para Avellaneda los nuevos mandatarios deben tener en cuenta que esta es una obligación con su comunidad y un deber legal que, de no cumplirse, puede llevarlo a ser parte de las más de 2.500 condenas penales contra gestores públicos, de las 4.320 sanciones disciplinarias o de los más de 1.300 los fallos con responsabilidad fiscal emitidos en los últimos años. Insiste en que “la corrupción, la impunidad y las obras inconclusas son un trágico triángulo del mal que se gesta en la gestión pública”.