La Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Acopi) Atlántico ha expresado su profunda preocupación ante el proyecto de acuerdo que busca incrementar el impuesto de industria y comercio (ICA) en Barranquilla. Según Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi Atlántico, esta medida podría tener graves consecuencias para el sector empresarial y la economía local.

Quintero advirtió que este aumento del ICA, sumado a las recientes modificaciones en el impuesto, generaría una carga impositiva excesiva para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. Además, señaló que la incertidumbre creada por estos constantes cambios en las normas tributarias desincentiva la inversión y afecta la competitividad de la ciudad.

«Es irresponsable que en menos de un año se modifiquen nuevamente las reglas del juego», afirmó Quintero. «Esto genera una gran incertidumbre y afecta la confianza de los inversionistas».

La directora de Acopi destacó que sectores como la producción de cerveza, la construcción y la prestación de servicios públicos se verían especialmente afectados por este incremento. Además, expresó su preocupación por la falta de una planificación adecuada en materia de impuestos, ya que estos cambios se están realizando sin una consulta previa con el sector empresarial y sin considerar las consecuencias a largo plazo.

Quintero hizo un llamado a los concejales de Barranquilla para que rechacen este proyecto de acuerdo y prioricen la estabilidad económica de la ciudad. Asimismo, instó al alcalde a establecer una agenda de mejora regulatoria que permita planificar los cambios en las normas tributarias de manera transparente y participativa.

[Escuche]

Intervención de Air-e:

De otro lado, la directora de Acopi expresó su preocupación por la situación de la empresa de energía Air-e y cuestionó la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para solucionar los problemas del sector eléctrico en la región Caribe.

Asimismo, Quintero mencionó la necesidad de combatir la corrupción en el sector público y privado para garantizar una mejor gestión de los recursos y una mayor eficiencia en la prestación de servicios.