Un nuevo capítulo se abrió en el debate sobre la regulación del transporte público en Barranquilla. A través de una acción popular radicada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad, un grupo de ciudadanos busca que se reconozca el derecho al trabajo de los conductores de plataformas digitales como Uber, Cabify y similares, y se garantice a los usuarios el derecho a la movilidad.
La demanda, interpuesta por el abogado Víctor Ríos, argumenta que la restricción al servicio de transporte a través de estas plataformas vulnera derechos fundamentales como el trabajo, el libre comercio y la movilidad. Según el demandante, la utilización de estas aplicaciones es una tendencia mundial que ha revolucionado la forma en que las personas se movilizan y que no puede ser ignorada por las autoridades.
«Esta acción popular busca que se reconozca que el servicio de transporte a través de plataformas digitales no es una actividad ilícita, sino una forma de generar ingresos y satisfacer una demanda de movilidad», afirmó el abogado Ríos. Además, destacó que la demanda no solo busca proteger los derechos de los conductores, sino también de los usuarios, quienes se benefician de la flexibilidad y comodidad que ofrecen estas plataformas.
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— ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 (@noticiasyabq) October 8, 2024
La demanda también cuestiona la posición contradictoria de las autoridades, ya que si bien las plataformas están disponibles para su descarga y uso por parte de cualquier persona, se restringe su uso comercial. «Es paradójico que las mismas plataformas que utilizan los taxistas estén prohibidas para otros ciudadanos», señaló Ríos.
La acción popular plantea la necesidad de una regulación adecuada por parte del Distrito y el Congreso de la República que permita la operación de estas plataformas de manera segura y eficiente, sin afectar el sustento de los conductores ni la movilidad de los ciudadanos.
