Con 124 votos a favor, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este lunes el Acto Legislativo de Autonomía Territorial, una reforma constitucional que marca un hito en la descentralización fiscal del país. Este proyecto, impulsado por el Ministerio del Interior, busca transferir gradualmente el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación a las entidades territoriales en un plazo máximo de 12 años, a partir de 2027, fortaleciendo la autonomía de municipios, distritos y departamentos.

La iniciativa, que había sido un anhelo desde la promulgación de la Constitución de 1991, promete reducir las brechas sociales y económicas, garantizando que los recursos sean destinados a servicios esenciales como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura. Además, estará acompañado de una Ley de Competencias que asegurará la viabilidad fiscal de los territorios, asignándoles nuevas responsabilidades en la administración de estos fondos.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó la aprobación de esta reforma como una de las más importantes desde 1991. «Durante los ocho debates, fuimos ajustando y superando diferencias para lograr un consenso. Este acto legislativo permite a Colombia avanzar hacia una verdadera autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal y cerrando las brechas territoriales que han perpetuado el centralismo”, expresó.

En la actualidad, los entes territoriales reciben poco más del 20% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un porcentaje que fomenta un modelo centralista concentrado en Bogotá. Con la entrada en porcentaje de vigor de la reforma, este aumentará gradualmente al 39,5 %, lo que permitirá a las regiones tener mayor capacidad de gestión y desarrollo.

Líderes territoriales han celebrado esta decisión como un avance significativo para el desarrollo regional. El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, destacó que “por primera vez, un proyecto del Gobierno nacional y del Congreso de la República realmente está dando un paso significativo hacia la descentralización, permitiendo a los territorios avanzar en sus metas y planes de desarrollo”.

Por su parte, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, señaló que este cambio es crucial para cerrar las brechas sociales. «Desde el año 91 se ha peleado por esta autonomía, y ahora tenemos la oportunidad de avanzar en un proyecto que impactará positivamente a las regiones ya la población».

Para garantizar el éxito de esta reforma, el Congreso deberá aprobar entre 2025 y 2026 la Ley de Competencias, que definirá las nuevas responsabilidades de las entidades territoriales y establecerá los lineamientos para la administración eficiente de los recursos. Este proceso contará con el acompañamiento de la OCDE y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Una vez aprobada la Ley de Competencias, las transferencias de recursos comenzarán de manera gradual, garantizando un proceso ordenado y sostenible.

El Ministerio del Interior reafirmó su compromiso de trabajar con todos los actores involucrados en una mesa técnica para garantizar que esta transición fortalezca la gestión territorial y cumpla con las expectativas de la ciudadanía.

Con esta reforma, Colombia da un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo más equitativo y descentralizado, brindando a las regiones las herramientas necesarias para su desarrollo y bienestar.