La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha revocado la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, ordenando su regreso a prisión. Esta decisión, que contrasta con el anuncio presidencial de designar a Mancuso y a otros excomandantes paramilitares como gestores de paz, se basa en la consideración de que el exparamilitar no cumple con los requisitos legales para ocupar dicho cargo.

El profesor Luis Trejos, investigador y abogado, explicó en Noticias Ya que la Corte ha determinado que la designación de Mancuso como gestor de paz le otorgaba un beneficio excesivo, al suspender provisionalmente la ejecución de su pena y permitirle realizar gestiones de paz en libertad. Sin embargo, la Corte ha considerado que Mancuso no ha demostrado una contribución real a la verdad y a la reparación de las víctimas, lo que es un requisito fundamental para acceder a este tipo de beneficios.

Trejo señaló que esta decisión podría tener implicaciones para las designaciones de otros excomandantes paramilitares como gestores de paz. «Muchos de ellos se encuentran en situaciones similares a las de Salvatore Mancuso, algunos están presos fuera del país, otros están privados de la libertad dentro del país y algunos tampoco fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz», indicó el experto.

El abogado también destacó que la falta de claridad sobre las funciones específicas de los gestores de paz y los grupos armados con los que se supone que deben negociar ha generado dudas sobre la legitimidad de estas designaciones. «No se ha especificado claramente cuáles son los objetivos de estas gestiones, ni cómo se va a garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas», afirmó Trejo.

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La decisión de la Corte Suprema ha generado un intenso debate sobre la política de paz del gobierno y sobre el papel que deben jugar los exparamilitares en la construcción de la paz. Críticos de esta política argumentan que la designación de gestores de paz para exparamilitares envía un mensaje equivocado a las víctimas y a la sociedad en general.

Por su parte, defensores de esta política argumentan que la participación de los exparamilitares es necesaria para avanzar en los procesos de paz y que estos deben tener la oportunidad de contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo.

La decisión de la Corte Suprema representa un revés para el gobierno en su intento de implementar una política de paz más inclusiva. Sin embargo, también abre un espacio para un debate más profundo sobre los desafíos y las oportunidades que presenta la construcción de una paz duradera en Colombia.