La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, ha logrado desarticular una red delictiva responsable de sacrificar clandestinamente reses, caballos y asnos para vender su carne en diversos municipios de Boyacá y Cundinamarca, así como a proveedores de programas públicos como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios y establecimientos de comercio. La operación, que tiene como base una investigación por contaminación ambiental y daños a los recursos naturales en un matadero ilegal en la vereda Sasa, en Chiquinquirá (Boyacá), ha resultado en la captura de ocho presuntos miembros de la organización criminal.

Los detenidos, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías, enfrentan cargos por concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Según las autoridades, la estructura operaba con animales en mal estado de salud y sin los permisos correspondientes, sacrificándolos en condiciones insalubres, lo que generaba graves afectaciones al medio ambiente debido al vertimiento de residuos en fuentes hídricas y el suelo.

Las investigaciones han revelado que la carne obtenida en estos mataderos clandestinos era embalada y transportada sin las mínimas condiciones de conservación, como la cadena de frío, hacia bodegas en Cota (Cundinamarca) y Bogotá. Desde allí, un intermediario distribuía el producto a varios puntos, incluyendo proveedores del PAE, plazas de mercado y comercios locales. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) participó en las diligencias y confirmó que la carne comercializada por la red no era apta para el consumo humano.

Los procesados ​​identificados son: Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes administraban cuatro mataderos clandestinos. Estos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, John Anderson Pineda Ortegón, trabajador de una de las bodegas, Gildardo Antonio Isaza Herrera, intermediario, y los empresarios Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue M.

Este operativo resalta la importancia de la protección de la salud pública y el medio ambiente, así como el compromiso de las autoridades en erradicar prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos.