Ante la magnitud de los incendios forestales, el déficit hídrico y la sequía que atraviesa el país, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador ha declarado un estado de emergencia nacional por un período de 60 días. La medida fue anunciada este lunes por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), destacando el impacto devastador de estos fenómenos naturales, que afectan de manera particular a las provincias de Azuay y Loja, ubicadas en el sur de Ecuador.

El país enfrenta actualmente 17 incendios activos y 5 controlados, lo que ha generado una gran preocupación en la población y las autoridades. Según la SNGR, los bomberos y equipos de emergencia están trabajando arduamente para sofocar los incendios, con el respaldo de dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) enviadas desde Quito. Una brigada se ha destinado a Azuay y otra a Loja, donde los incendios han alcanzado niveles alarmantes.

Además del esfuerzo nacional, el Gobierno de Ecuador ha solicitado y recibido apoyo internacional. A través de la Cancillería, se ha coordinado la colaboración de Perú y la Embajada Italiana, que han enviado recursos aéreos, como helicópteros, para asistir en la extinción de los incendios y en la mitigación de los efectos de la sequía. Actualmente, ocho helicópteros están operando en las zonas más afectadas: cuatro en Loja y cuatro en Azuay, reforzando los esfuerzos para controlar los incendios y llevar asistencia a las comunidades vulnerables.

El estado de emergencia declarado permite la movilización de recursos adicionales para enfrentar los incendios y la crisis hídrica que ha afectado a varias regiones del país, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. La duración de 60 días de la emergencia refleja la magnitud de la situación y la necesidad urgente de medidas coordinadas a nivel local, nacional e internacional para hacer frente a estos desafíos ambientales y humanitarios.

Con la situación aún en evolución, las autoridades instan a la población a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y reforzar las medidas preventivas para evitar la propagación de los incendios, que continúan siendo una amenaza seria para los ecosistemas y las comunidades ecuatorianas.