El Gobierno Nacional tiene dos meses para hacer efectivo los pagos a las entidades promotoras de salud (EPS) con las cuales tiene deudas pendientes, las cuales superan los $2,5 billones.

Este dinero se remonta al Acuerdo de Punto Final entre el Estado y las EPS en 2019, donde se había establecido un pago de 1,5 billones de pesos adeudados.

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La Corte Constitucional resolvió que “para el 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda, que, según el Gobierno, se completaría en agosto de 2022; evidenció montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo; sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales; y que a partir del año 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios”, es lo que dice el auto.

Y se agrega que la Corte “ordenó al Ministerio de Salud, entre otras cosas, desembolsar la totalidad de los dineros aprobados con el acuerdo y que no hubieran sido pagados, a más tardar, dentro de los dos meses siguientes a partir de la comunicación de la decisión adoptada”.