La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto en Gaza. Las acusaciones incluyen crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, persecución, actos inhumanos contra la población civil y el uso intencional del hambre como arma de guerra.

El tribunal también ha extendido una orden de arresto contra Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, por su participación en la estrategia militar que, según la CPI, habría tenido como objetivo la privación deliberada de recursos esenciales para la población civil de Gaza. Entre estos recursos figuran alimentos, agua, medicamentos, combustibles y electricidad, lo que agravó la crisis humanitaria en la franja.

La CPI sostiene que Netanyahu, Gallant y Deif fueron responsables de orquestar y ejecutar ataques aéreos y terrestres contra zonas civiles, vulnerando las leyes del derecho internacional humanitario que prohíben el ataque directo a civiles y bienes de carácter civil. Las órdenes de arresto también incluyen la acusación de que estos líderes facilitaron un bloqueo efectivo de Gaza, lo que impidió el acceso de ayuda humanitaria esencial desde el 8 de octubre de 2023, tras el estallido de las hostilidades, hasta al menos el 20 de mayo de 2024.

Desde el inicio del conflicto, miles de personas en Gaza han perdido la vida y decenas de miles han quedado desplazadas. Las condiciones de vida han empeorado gravemente, con hospitales colapsados y escasez de suministros básicos. La CPI, en su resolución, enfatizó que estas acciones forman parte de una campaña sistemática para despojar a la población de Gaza de sus derechos fundamentales y de su derecho a la supervivencia.

A través de un comunicado, la Corte indicó que continuará investigando a todos los responsables de crímenes de guerra en el conflicto israelí-palestino y que, en este caso, no se escatimarán esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes hayan incurrido en violaciones graves de los derechos humanos.

Este desarrollo ha generado una fuerte reacción internacional, con gobiernos y organizaciones de derechos humanos expresando su preocupación por las implicaciones políticas de estas órdenes de arresto, mientras que los aliados de Netanyahu han defendido su postura, acusando a la CPI de parcialidad.

Por su parte, el líder de Hamás, Mohamed Deif, también es acusado de la dirección de ataques indiscriminados contra civiles israelíes, utilizando tácticas de guerra asimétrica que han generado un gran número de víctimas entre la población civil de Israel. La CPI subraya que la violencia ejercida por ambas partes ha violado los principios fundamentales de distinción y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional.

El anuncio de las órdenes de arresto marca un momento crítico en las relaciones internacionales en el contexto del conflicto israelí-palestino, que sigue siendo uno de los más complejos y destructivos del siglo XXI. La comunidad internacional, mientras tanto, se mantiene a la espera de las reacciones tanto de los gobiernos implicados como de la sociedad civil en general