En la noche del 20 de enero, la línea férrea del Cerrejón fue blanco de un nuevo ataque con explosivos, el tercero en lo que va del año 2025. El hecho se registró a la altura del kilómetro 78 de la vía que conecta la mina de carbón a cielo abierto con el puerto de Bolívar.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, este nuevo atentado generó graves daños a la infraestructura ferroviaria y puso en riesgo la vida de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que se encontraban realizando actividades en la zona.

Este tipo de acciones violentas, perpetradas por grupos armados ilegales que buscan afectar las operaciones de la multinacional minera Glencore, generan una grave crisis humanitaria y social en la región de La Guajira. Los constantes ataques a la infraestructura crítica no solo afectan la economía de la región, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas.

Las autoridades competentes se encuentran investigando los hechos para dar con los responsables de este nuevo atentado y llevarlos ante la justicia. La comunidad internacional ha condenado estos actos de violencia y ha hecho un llamado al Gobierno colombiano para que refuerce las medidas de seguridad en la región.