Procuraduría abrió investigación contra el superintendente de Salud por presuntas irregularidades en la toma de posesión de la EPS Sanitas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.

La apertura de la investigación disciplinaria tiene origen en una queja instaurada en contra de la superintendencia, por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS.

En un comunicado, el grupo Keralty (accionista del ESP Sanitas) señaló que tomará acciones legales para recuperar el control de EPS Sanitas. “Igualmente, no se consideró que en diciembre de 2023 EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna”, recalcó.

El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.

EPS Sanitas había presentado plan de reorganización

En otro punto, Keralty señaló que no se consideró que en diciembre de 2023 EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna.

“El acto administrativo emitido para la intervención desconoce todo lo anterior”, aseguraron.

En la misiva, el grupo dijo que en dicho acto administrativo de la Supersalud “reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad”.

Para Keralty, la medida de Supersalud puede comprometer la prestación del servicio a 5,8 millones de afiliados y “cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”.

Tras estos argumentos, el grupo anunció que analiza acciones a tomar parar “hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención” y, de esta manera, recuperar la administración de EPS Sanitas.

 

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