La Procuraduría abrió investigación contra tres funcionarios de la Aeronáutica Civil, que estarían involucrados en presuntas irregularidades en el proceso contractual de la adquisición de unas sillas ergonómicas para la entidad.

El valor inicial del contrato fue de $300.000.000, destinados a la compra de 23 sillas. Posteriormente, el contrato fue prorrogado, adicionando un monto de $143.327.646 para la adquisición de 11 sillas de más.

Las primeras indagaciones de la Procuraduría señalan que este valor, excede el precio de los mobiliarios en el mercado.

De acuerdo con el ente de control, al parecer, los funcionarios Esther Josefina Vargas García, coordinadora administrativa y financiera; Laura María Cantillo Guzmán, supervisor y Jairo Eduardo Guarnizo Escobar, director regional Centro Sur, ordenador del gasto, habrían incurrido en presuntos sobrecostos en la adquisición de los mobiliarios.

De conformidad con las pruebas incorporadas a la actuación disciplinaria, la Procuraduría pudo establecer que la Dirección Regional Centro Sur de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil llevó a cabo un proceso de contratación de mínima cuantía con el fin de adquirir sillas ergonómicas para los controladores de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá.

Este proceso se realizó en respuesta a las recomendaciones proporcionadas por un equipo técnico previamente constituido.