La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas sobre un posible detrimento patrimonial en un concurso de méritos del Ministerio de Salud y Protección Social, destinado a contratar un servicio de desarrollo y mantenimiento de software.
El ente de control advirtió que la publicación de una adenda el mismo día del cierre de la convocatoria podría violar el principio de economía y las normas de contratación estatal, al no brindar a los oferentes el tiempo suficiente para ajustar sus propuestas.
Además, la Procuraduría cuestionó la exigencia de la certificación CMMI como requisito para participar en el concurso, argumentando que esta medida podría limitar la competencia y contravenir la legislación vigente.
Ante estas irregularidades, el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Salud suspender temporalmente el proceso y realizar una evaluación exhaustiva de las advertencias emitidas. Asimismo, recomendó evaluar la revocatoria del acto de apertura del concurso para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.
Con esta acción, la Procuraduría busca salvaguardar los intereses del Estado y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente.
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