El Senador Mauricio Gómez Amín, presentó en la mañana de este miércoles una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos de los departamentos de Atlántico y Bolívar frente al cobro inesperado de la valorización.
Dicha demanda, dirigida contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, tiene como objetivo primordial que se declare la inexequibilidad parcial de este artículo, que modifica las disposiciones relativas al cobro de la contribución nacional por valorización establecidas en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016.
En particular, la norma impugnada permite que dicho cobro se pueda efectuar hasta cinco años después del inicio de la ejecución del proyecto, lo que el Senador considera una vulneración a los principios constitucionales y un perjuicio significativo para los habitantes de Atlántico y Bolívar, ya que son estos departamentos en los que se implementará este plan piloto.
El Senador Gómez Amín expresó su profunda preocupación por la carga injusta que esta contribución impondría a los ciudadanos de estos departamentos, destacando que no permitirá que Atlántico y Bolívar sean utilizados como escenarios experimentales para un proyecto piloto de valorización que recaudaría 2.1 billones de pesos, los cuales podrían ser invertidos en cualquier parte del territorio nacional.
Además, ha señalado que esta valorización retroactiva es inconstitucional y representa un freno para el desarrollo de los departamentos afectados.
El Senador también denunció que, a pesar de la finalización del contrato de construcción de la vía Barranquilla-Cartagena, más del 65% de la vía sigue sin doble calzada, dejando 60 kilómetros en un estado crítico, lo cual agrava aún más la situación.
«Los ciudadanos ya soportan el pago de cinco peajes costosos en la ruta Barranquilla – Cartagena en una vía inconclusa de doble calzada, incluyendo el peaje anti técnico de Papiros,» enfatizó el Senador, refiriéndose a la carga económica adicional que esta situación implica para la población.
En tal aspecto, el Congresista reitera que, para el Atlántico, esto es una situación muy injusta para los municipios vulnerables que serán los directamente afectados, toda vez que la valorización recaerá principalmente sobre los municipios más necesitados del Atlántico, tales como Piojó, Santa Catalina, Luruaco, Juan de Acosta, Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Malambo, exacerbando la situación de las comunidades más vulnerables, y afectando a residentes y comerciantes de algunos barrios del norte de Barranquilla.
Además, enfatizó en que esta medida genera un impacto desproporcionado para el Atlántico, toda vez que, de los 248 mil predios afectados, 180 mil se encuentran en el Atlántico. «Esta valorización retroactiva es inconstitucional y frena el desarrollo de nuestros departamentos», agregó el Congresista barranquillero.
En su demanda, el Senador Gómez Amín fundamenta su petición en la violación de varios principios constitucionales, entre ellos, la irretroactividad de los tributos, la buena fe y confianza legítima de los ciudadanos, así como el principio de unidad de materia de la ley. Con base en estos argumentos, solicita a la Corte Constitucional que se suspenda provisionalmente la aplicación del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, en lo relativo a la contribución nacional por valorización, hasta que se determine la constitucionalidad de la norma en cuestión. Esta medida busca evitar que se generen efectos irreversibles en perjuicio de los ciudadanos, especialmente de la clase media, mientras se lleva a cabo el análisis de fondo por parte del alto tribunal.
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