Al conocerse la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme el fallo del laudo arbitral que exime a Cormagdalena de pagar una indemnización por $20 millones de dólares, desde distintos sectores se ha destacado el trabajo realizado para defender los intereses de la Nación en el proceso contra la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y el operador logístico Barranquilla International Terminal Company.

Pedro Pablo Jurado, quien se desempeñó como director de la entidad entre enero de 2019 y agosto de 2022, indicó que los dos fallos respaldan la pertinencia de la línea de defensa que se adoptó en el marco de este proceso, que inició en julio de 2020 con la presentación de la demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

“El Consejo de Estado refrenda, de manera indirecta, nuestras decisiones en la entidad. En ese proceso se pretendían cifras exorbitantes por condiciones que siempre demostramos jurídicamente que eran inexistentes y no eran imputables a Cormagdalena. Nunca desistimos en el propósito de salvaguardar los intereses de la Nación”, expuso.

Reiteró su reconocimiento al trabajo adelantado por equipo jurídico de Cormagdalena, que en su momento estuvo encabezado por el abogado Juan Carlos Expósito, y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el marco de este proceso. Y también destacó el liderazgo de la ministra Ángela María Orozco y el presidente Iván Duque en la defensa de lo público.

“Sin duda, estas decisiones sustentan que el desarrollo del río Magdalena se encuentra sujeto a la materialización de contratos equilibrados y justos, que representen el interés general del país. El sector privado debe contar con las garantías para el desarrollo de su trabajo, pero sin abusar de su posición y sin desconocer el bien general”, expuso el exdirectivo.

Jurado también destacó que, en su fallo de única instancia, el Consejo de Estado adelantó una revisión de una serie de documentos y determinó que se encuentra demostrada la diligencia de Cormagdalena en el mantenimiento del canal navegable.

En ese sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado también dejó por sentado que “en los contratos en los que se centró la controversia no había cláusulas que establecieran la profundidad que debía tener el canal de acceso al río Magdalena”.

El exdirector de Cormagdalena puso de presente, además, que el Estado colombiano ha tenido varias victorias durante los últimos años en procesos relacionados con el río Magdalena. En agosto de 2022, un Tribunal también eximió de pagar las pretensiones de Navelena ante la liquidación del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río. En ese momento, la suma pretendida por el consorcio era de $177 mil millones.

“Se defendieron los intereses de la Nación en el caso de Odebrecht, en el cual resultamos victoriosos ante la pretensión multimillonaria en contra de Cormagdalena. Lo hicimos también en este proceso, puesto que la entidad siempre ha cumplido con su misionalidad y se permitió el desarrollo de las operaciones de acuerdo con las proyecciones acordadas en los contratos de concesión”, puntualizó.