Verano exige a Air-e continuar con cobro de tasa de seguridad

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, envió este jueves una carta a la empresa Air-e intervenida por el Gobierno nacional con copia al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, donde señala que cumpla la ley y las obligaciones que le asisten como responsable del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana y el impuesto por alumbrado público, contemplado en las normas del Estatuto Tributario del Departamento.

En la misiva, el mandatario le hace claridad a la compañía que es “responsabilidad” de las agentes recaudadoras incluir el valor de la tasa en la facturación que se le envía a los usuarios mensualmente.

“En desarrollo de esa labor de responsables del recaudo y según el artículo 170 del Estatuto Tributario Departamental, los comercializadores, distribuidores y/o prestadores del servicio de energía eléctrica deberán declarar y trasladar lo recaudado al Departamento del Atlántico dentro de los primeros 20 días calendario del mes siguiente al del recaudo”, precisa la carta.

Verano aclara que bajo la Ley 142 y 143 de 1994 –se reglamenta dicho cobro-, sobre quiénes son los responsables de liquidar, recaudar y declarar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.

En el documento, que consta de cuatro páginas, queda establecida de manera clara y precisa la normativa vigente que obliga a la empresa de energía a cumplir las obligaciones a las que tiene lugar. “No queda duda entonces, que el deber que le asiste a la sociedad Air-e S.A.S E.S.P. en su calidad de empresa comercializadora de energía eléctrica que opera en el Atlántico, es el de recaudar la tasa de seguridad y convivencia ciudadana con relación a sus usuarios, imposición normativa que deviene de un acto administrativo de carácter general, el cual es, a saber, el Estatuto Tributario Departamental”.

Por último, el gobernador del Atlántico, deja claro que la Constitución Política de 1991 establece un mecanismo para acudir ante las autoridades judiciales para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.

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