Organizaciones de usuarios de todo el país han expresado su profunda decepción ante los anuncios realizados tras el Consejo de Ministros televisado, convocado para abordar la creciente crisis de las tarifas de energía y gas. Contrario a la expectativa de soluciones en beneficio de los usuarios, las organizaciones consideran que las medidas anunciadas implican un nuevo encarecimiento de estos servicios públicos, ignorando las legítimas reclamaciones ciudadanas.

En un comunicado, las organizaciones señalan que el Consejo de Ministros parece desconocer o contradecir la agenda regulatoria de la CREG para este año, detallada en la Circular 121 de diciembre de 2024. Critican los proyectos de resolución para la revisión de las fórmulas tarifarias de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la regulación del despliegue de la Infraestructura de Medición Avanzada y la remuneración del nuevo agente Gestor Independiente de Datos e Información, medidas que recaerán en la factura de los usuarios. También rechazan la modificación de la metodología de remuneración del comercializador de gas natural.

Las organizaciones lamentan el silencio del Ministro y del Presidente Petro sobre la derogatoria del régimen tarifario especial de la Región Caribe y la orden del Tribunal Administrativo del Atlántico a la CREG para establecer normas sustitutivas. La prórroga de este régimen, incluida en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, es vista con preocupación.

Especialmente grave consideran el anuncio presidencial de que la deuda por Opción Tarifaria será pagada por los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como por industriales y comerciales. Esto contradice el compromiso asumido por el Presidente Petro en Barranquilla el año pasado de cubrir esta deuda con recursos de la Nación, lo que las organizaciones califican como un engaño y una agresión a la capacidad de solidaridad de estos contribuyentes, quienes ya soportan el sobrecosto en los servicios públicos para subsidiar a los estratos más bajos.

El aplazamiento del pago de la deuda del gobierno nacional con las empresas comercializadoras por subsidios ya reconocidos a los estratos 1, 2 y 3 también genera inquietud entre los prestadores, ante la ausencia de un plan de pagos.

La decisión de ordenar a Ecopetrol la importación de gas, en lugar de priorizar la exploración y explotación nacional para asegurar la soberanía energética, es duramente cuestionada. Las organizaciones advierten que el precio del gas importado, sumado a los costos de transporte y regasificación, encarecerá aún más un servicio que ya ha experimentado alzas superiores al 30%. Esta medida se acompaña del proyecto de la regasificadora del Pacífico.

Finalmente, la estrategia de «solución de fondo a las tarifas» definida como el Proyecto Colombia Solar es vista como una condena a los usuarios a esperar un largo plazo pagando tarifas elevadas.

Ante este panorama, las organizaciones de usuarios reiteran su llamado a la unidad para lograr tarifas pagables y subsidios suficientes sin límites en la focalización.