En un lapso de quince días, 25 integrantes de la fuerza pública han perdido la vida en Colombia, víctimas del denominado plan pistola y emboscadas. Adicionalmente, cinco uniformados fueron secuestrados y posteriormente liberados. Las regiones de Antioquia, Cauca, Bolívar, Guaviare y Córdoba concentran el mayor número de estos ataques, los cuales se atribuyen a la guerrilla Villa del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y al Clan del Golfo.
Según reportes, 19 de estas muertes, incluyendo 14 policías y cinco militares, se han producido en 13 ataques directos bajo la modalidad de plan pistola. Para llevar a cabo estos actos criminales, los grupos al margen de la ley han empleado francotiradores y drones cargados con explosivos. Los miembros de la fuerza pública han sido asesinados tanto en servicio activo como durante sus días de descanso o vacaciones, lo que subraya la gravedad de la situación. El más reciente incidente tuvo lugar en el Guaviare, donde soldados encargados de la seguridad de desmovilizados fueron atacados.
El Ejército Nacional informó que los militares caídos en el Guaviare fueron atacados por la estructura John Linares del grupo armado residual Jorge Suárez Briceño. A través de un comunicado, la institución castrense precisó que los uniformados pertenecían al Batallón de Infantería número 22, Joaquín París, de la brigada 22, y que se encontraban realizando labores de vigilancia en áreas destinadas a la población desmovilizada al momento del ataque.
Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro ordenó la conformación de una comisión independiente para investigar el ataque a los militares en El Guaviare. El mandatario asumió la responsabilidad por la vida de los jóvenes de la fuerza pública. En sus declaraciones, el presidente Petro señaló que esta comisión independiente deberá examinar de inmediato las circunstancias del ataque, considerando la reciente decisión de disminuir el cese al fuego acordado con los frentes bajo órdenes de Calarcá. El jefe de Estado enfatizó que nadie en Colombia debe morir a manos de otros y reiteró su responsabilidad por la seguridad de los jóvenes de la fuerza pública.
A pesar de la política de diálogo del presidente Petro con grupos como Calarcá y su intención de clarificar la situación de guerra con otras disidencias, la violencia persiste. En este contexto, Eramus Zuleta, presidente de la Federación de Departamentos y gobernador de Córdoba, dirigió un contundente mensaje al gobierno nacional, instando a «pasar del discurso a la acción». El mandatario departamental manifestó que la articulación con el ejecutivo no ha sido fácil y advirtió que la paz total no podrá ser un logro de gobierno mientras los grupos criminales continúen fortaleciéndose.