La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Función Pública, solicitó de manera urgente al Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, un informe detallado sobre la reciente oleada de violencia contra miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en diversas regiones del país. La comunicación, con radicado número E-2025-200820, expresa la especial atención del ente de control ante los hechos reportados por fuera de combate o durante periodos de permiso.
En su requerimiento, la Procuraduría menciona varios hechos de violencia, incluyendo el asesinato de policías en Simití (Bolívar), Tarazá (Antioquia), Cartagena y Norte de Santander durante Semana Santa, así como el homicidio de miembros del Ejército en el Cauca y ataques recientes en Tarazá y Remedios (Antioquia).
De manera particular, la Procuraduría se refiere al atentado contra un pelotón del Batallón de Infantería N.º 22 Joaquín París en el Guaviare, donde fallecieron varios uniformados y aún se encuentra desaparecido el soldado profesional Jean Carlos Bolaño Romo. El ente de control destaca que este ataque fue atribuido al GAO-r «Jorge Suárez Briceño», perteneciente a las disidencias lideradas por alias «Calarcá», estructura con la cual el Gobierno nacional mantiene suspendidas las operaciones militares ofensivas mediante el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025.
La Procuraduría advierte que, de confirmarse los hechos, estos podrían evidenciar un presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos y protocolos suscritos con el Estado Mayor Central de bloques y frentes de las FARC-EP (EMBYF-FARC-EP) y constituir una grave infracción al derecho internacional humanitario. Además, señala que la violencia sistemática contra la Fuerza Pública afectaría la institucionalidad democrática y debilitaría su capacidad operativa.
Ante este panorama, la Procuraduría solicita al Ministro de Defensa, en un plazo no mayor a tres días hábiles, un informe detallado que responda a siete interrogantes específicos. Estas preguntas buscan conocer el informe oficial sobre los hechos del «plan pistola», los criterios para fortalecer la protección de los uniformados, las medidas adoptadas frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los parámetros para la investigación criminal de estos hechos, los mecanismos de análisis de riesgo implementados por las Fuerzas Militares y la Policía, las estrategias de coordinación interinstitucional para la protección en zonas vulnerables, y si se ha considerado la modificación o revocación del Decreto 0448 de 2025 en caso de que genere vulnerabilidad para la seguridad de la Fuerza Pública.
La Procuraduría General de la Nación fundamenta esta solicitud en sus funciones preventivas, orientadas a proteger los derechos humanos, salvaguardar el interés general y anticipar decisiones que puedan comprometer la legalidad de la actuación administrativa en el marco del servicio público de seguridad y defensa nacional.
