La Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) expresó su preocupación ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de modificar la administración de los puertos del país, argumentando la presencia de narcotráfico y contrabando. El gremio calificó la posible vuelta al control estatal como un retroceso de más de 30 años que resultaría costoso para todos los actores involucrados.
Asoportuaria recordó la ineficiencia y el rezago que caracterizaron a los puertos colombianos durante la época de Colpuertos, cuando eran entidades públicas administradas y operadas por el Estado. Según la asociación, estas terminales eran sinónimo de sobrecostos, atraso y estaban marcadas por corrupción y politiquería, sin lograr satisfacer las necesidades del comercio exterior.
El gremio destacó que el modelo actual de concesiones portuarias surgió con la expedición de la Ley 1ª de 1991, dando inicio a un proceso de modernización que privatizó los puertos estatales y eliminó el monopolio estatal sobre su operación. Desde entonces, sociedades anónimas han podido desarrollar y operar terminales portuarias, asumiendo los riesgos e invirtiendo capital privado.
Lucas Ariza, director de Asoportuaria, resaltó que este modelo de concesión ha permitido dotar al país de puertos modernos, eficientes, con alta conectividad y costos competitivos, convirtiéndose en un referente en América Latina sin necesidad de inversión directa del Estado. Subrayó que mientras en países con gestión estatal el ingreso, operación y zarpe de un buque puede tardar hasta 20 días, en Colombia este proceso se realiza en pocas horas, beneficiando a los consumidores al evitar sobrecostos en los productos.
Asoportuaria enfatizó la necesidad de puertos eficientes, modernos y seguros para respaldar la apuesta exportadora del país, sin desmantelar un modelo exitoso. Propuso fortalecer la articulación entre todos los actores para enfrentar desafíos como la inseguridad, señalando que el aumento de cultivos ilícitos y bandas criminales ejerce presión para la salida ilegal de drogas, afectando a toda la cadena logística.
Si bien reconoció que siempre hay espacio para mejorar, la asociación advirtió que la lucha contra las actividades ilícitas en los puertos requiere una mayor inversión estatal en cuerpos de seguridad y autoridades como la Policía Antinarcóticos, Guardacostas, Armada Nacional, Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN, dotándolos de más personal, equipos y tecnología de punta.