En medio de la polémica por la aprobación en primer debate de la reforma al Estatuto General de la Universidad del Atlántico que permitiría la reelección del rector, el abogado adscrito a la facultad de Ciencias Jurídicas, José Castillo Rodríguez, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas, expresó su preocupación por lo que considera una intromisión del Ministerio de Educación en la autonomía universitaria.
Castillo Rodríguez explicó que la reforma busca modificar el artículo 29 del estatuto para permitir que el rector en ejercicio pueda postular su nombre a una reelección inmediata, aclarando que el actual rector no ha manifestado públicamente su intención de aspirar. El abogado defendió la potestad de la universidad, amparada en la Ley 30 y la autonomía universitaria, para modificar su propio estatuto general, equiparándolo a la «Constitución política» de la institución.
El abogado relató que la presentación inicial del proyecto de reforma el año pasado generó una serie de recusaciones contra los miembros del Consejo Superior, incluyendo una del Procurador Regional, lo que llevó a una tutela y una medida cautelar que paralizó las sesiones del máximo órgano de gobierno universitario durante aproximadamente dos meses. Aunque las recusaciones fueron resueltas por la Procuraduría, se presentaron nuevas recusaciones contra los consejeros, lo que ha generado cautela al momento de emitir declaraciones públicas.
Castillo Rodríguez enfatizó que la reforma se centra específicamente en la reelección del rector, permitiendo la postulación inmediata tras un periodo de cuatro años, conforme al estatuto actual. Señaló que la universidad cuenta con un estatuto electoral interno que regula los tiempos y procedimientos para las elecciones de rector y otras dignidades académicas.
El abogado cuestionó la postura del Ministerio de Educación, recordando pronunciamientos anteriores que sugerían que los estatutos universitarios no deberían ser modificados por los consejos superiores. En este sentido, mencionó un concepto jurídico de 13 páginas emitido por el jefe jurídico del ministerio, posteriormente reducido, que pondría en riesgo la autonomía universitaria, un principio consagrado en la Constitución del 91 y la Ley 30. Hizo referencia a la Sentencia C-220 del 97 de la Corte Constitucional, que marcó la primera jurisprudencia sobre autonomía universitaria.
Finalmente, Castillo Rodríguez informó que, si bien se presentaron nuevas recusaciones contra los miembros del Consejo Superior en la sesión donde se aprobó el primer debate de la reforma, estas fueron resueltas en el mismo momento por los abogados de la universidad y la gobernación. No obstante, advirtió que no se descartan nuevas acciones legales que puedan surgir en el futuro.
Ante la imposibilidad de obtener declaraciones de miembros del Consejo Superior debido al temor a posibles recusaciones, la voz de José Castilla Rodríguez ofrece una perspectiva crítica sobre el proceso de reforma y la aparente tensión entre la autonomía universitaria y la postura del Ministerio de Educación.
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