La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Tribunal Administrativo del Atlántico la suspensión del cobro de valorización aplicado a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. Esta petición se realiza mientras se resuelve de fondo una acción popular interpuesta por el senador Carlos Meisel.
La solicitud, presentada a través de la Procuraduría 118 Judicial II Administrativo, alerta sobre los riesgos jurídicos y sociales que acarrearía continuar con el recaudo sin una decisión definitiva sobre la legalidad del tributo. Según el ente de control, mantener el cobro podría generar una afectación irreparable al derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la seguridad jurídica.
El senador Carlos Meisel, principal opositor a este mecanismo de financiación, argumenta que el cobro se ha ejecutado con serias deficiencias técnicas y sin una socialización adecuada con las comunidades afectadas. En consonancia con estos señalamientos, la Procuraduría ha instado a la creación de una mesa de trabajo para discutir alternativas y asegurar la transparencia en el proceso.
Adicionalmente, el Ministerio Público ha solicitado verificar la existencia de comunidades étnicas en la zona de impacto y, en caso afirmativo, que se lleven a cabo los procedimientos de consulta previa exigidos por la Constitución y la jurisprudencia nacional.
La intervención de la Procuraduría representa un respaldo institucional a los cuestionamientos presentados por el senador Meisel y por diversos sectores ciudadanos, en medio de un creciente debate sobre el uso de la valorización como herramienta tributaria en proyectos de infraestructura.
