Un frente común de partidos políticos ha emitido un comunicado conjunto rechazando contundentemente la intención del presidente Gustavo Petro de convocar, vía decreto, una consulta popular que previamente fue negada por el Senado de la República. Las colectividades firmantes —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI— califican esta acción unilateral como «inconstitucional» y un «golpe directo al Estado de Derecho».
Los partidos políticos enfatizan que la decisión del Congreso de la República, al no aprobar dicha consulta, fue un ejercicio legítimo de su función constitucional y, por tanto, debe ser respetada. Adicionalmente, señalan que la posible decisión del Gobierno constituiría una violación a lo ya dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la consulta en el Senado, al considerar dicha determinación como un «acto definitivo» del Congreso. Esto, según el comunicado, demuestra que la Rama Judicial respalda la legitimidad y autonomía de la decisión senatorial.
Ante esta situación, los partidos instan a las instituciones competentes, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales, a actuar con independencia y bajo el principio de legalidad, en conformidad con la Constitución.
Específicamente, confían en que el Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, «actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral», y que verificará el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos.
Finalmente, las bancadas expresaron su profunda preocupación por el «grave daño institucional» que, a su juicio, este gobierno está causando. Hacen un llamado a la ciudadanía para «rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución», manifestando que no se puede instrumentalizar las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional, y reiterando que el Congreso ha demostrado voluntad de debatir con todas las voces políticas.
