La Sección Quinta del Consejo de Estado ha tomado una decisión preliminar que suspende el controvertido decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro había convocado a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. Esta medida congela cualquier llamado a las urnas relacionado con dicha iniciativa.
El tribunal administrativo acogió una de las múltiples demandas presentadas contra la norma, argumentando que el decreto «fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución». Dicho artículo exige este aval del Senado como requisito fundamental para convocar a los ciudadanos a las urnas. Con esta determinación, los cuatro magistrados de la Sección Quinta respaldan la posición de los críticos del Ejecutivo, quienes señalaban que el presidente se extralimitó en sus funciones al emitir el decreto después de que el Senado votara negativamente la propuesta de consulta popular.
El Consejo de Estado anunció su decisión en un breve comunicado. A pesar de existir un debate sobre qué tribunal —si este o la Corte Constitucional— es el competente para resolver el futuro del decreto, el auto que sustentó la decisión aclara que «corresponde al Consejo de Estado definir la legalidad o constitucionalidad de la decisión del Senado de la República». Con esto, el tribunal se adelanta a cualquier pronunciamiento de la Corte Constitucional, que también ha recibido varias demandas contra el mismo decreto y a donde fue enviado por el Gobierno, pero cuyos tiempos suelen ser más prolongados.
📜@consejodeestado suspende Decreto 0639 de 2025 «Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones»
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— Consejo de Estado (@consejodeestado) June 18, 2025
La decisión judicial responde a una demanda interpuesta por una docena de senadores de la oposición, incluyendo miembros de los partidos Conservador, Colombia Justa Libres y Cambio Radical. Entre los demandantes se encuentra el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, a quien el presidente Petro había acusado de cometer fraude y viciar la votación legislativa en mayo para convocar la consulta. Petro ha argumentado que debido a esas supuestas irregularidades, tenía el derecho de emitir el decreto; sin embargo, el Consejo de Estado, el máximo tribunal del país en asuntos administrativos, no ha concordado con la postura del jefe de Estado.
Por su parte, el presidente Petro ha manifestado que la discusión jurídica no está enfocada correctamente. «Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional», escribió en la plataforma X al conocer la noticia, respondiendo a declaraciones del senador Carlos Fernando Motoa, uno de los demandantes. Además, añadió que «ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra», refiriéndose al fondo de la consulta popular.
La idea del decreto, que buscaba que los colombianos respondieran una docena de preguntas sobre temas laborales, surgió en mayo en el Ejecutivo como reacción al hundimiento de una reforma laboral en el Senado en marzo. No obstante, el legislativo revivió esa reforma el mes pasado, y este martes superó su último debate. Actualmente, solo queda pendiente la conciliación de los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, un paso que debe ocurrir a más tardar este viernes para evitar que la reforma naufrague. Por esta razón, el presidente Petro ha señalado que el futuro de su decreto depende más de dicha conciliación legislativa que de una decisión jurídica.
La suspensión del decreto fue celebrada por figuras de la oposición. La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, quien lideró la reactivación de la reforma laboral en el Senado, reaccionó en redes sociales afirmando que «pasó lo obvio en un estado social de derecho: suspendido el decretazo». Añadió que «El presidente le hizo caso a [Eduardo] Montealegre y usurparon funciones exclusivas de la justicia», calificando la decisión judicial como una derrota para el ex fiscal Montealegre, actual ministro de Justicia, quien había llegado al Ejecutivo con la misión de defender el decreto.
Otros opositores también expresaron su satisfacción. El senador conservador Mauricio Giraldo, otro de los demandantes, dijo que la decisión «confirma que nuestras instituciones no están al servicio de intereses gobiernistas, sino del respeto al orden constitucional». La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, recordó que ella también había interpuesto una acción de nulidad y afirmó que es «deber de las altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional, defender el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro».
Un día antes de la decisión, el registrador nacional, Hernán Penagos, había argumentado la necesidad de esperar un pronunciamiento de los tribunales antes de convocar las elecciones para la consulta, que el presidente deseaba que se realizara el simbólico 7 de agosto. Penagos recordó que el Consejo de Estado había recibido 10 acciones de nulidad simple, 34 de nulidad por inconstitucionalidad y 97 acciones de tutela contra el decreto, mientras que la Corte Constitucional sumaba 11 demandas de inconstitucionalidad.
Tras estas declaraciones, el presidente Petro acusó inmediatamente al registrador de «sedición» y de intentar un «golpe institucional». Petro ha advertido que, mientras el legislativo no concilie los dos textos de la reforma laboral, el decreto sigue en marcha, amenazando con demandas al registrador.
