La reciente suspensión de la consulta popular por parte del Consejo de Estado, una decisión preliminar que advierte que el decreto fue expedido sin el concepto favorable previo del Senado, ha generado un amplio debate sobre los mecanismos de control en la democracia colombiana. El profesor Ángel Tuirán, experto en el tema, explicó que esta situación es un claro ejemplo de los dispositivos diseñados por los regímenes políticos democráticos para frenar cualquier posible abuso de poder por parte de las ramas del poder público.
Tuirán enfatizó que el principal mensaje de esta decisión es que «en democracia resolvemos nuestros problemas sin que se derrame una gota de sangre». Explicó que, si bien existe una controversia jurídica sobre si la competencia recae en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional –una tesis defendida por el gobierno–, el Consejo de Estado ha asumido la revisión y dictado una medida cautelar que pausa la fecha del 7 de agosto para la realización de la consulta. A su juicio, hay una «tensión constante» ejercida por el gobierno para sacar adelante sus proyectos, y el presidente ha vinculado el futuro del decreto a la aprobación de la reforma laboral.
El profesor Tuirán también abordó la postura del presidente Petro de que el Consejo de Estado no tiene la facultad para dirimir este conflicto, sino la Corte Constitucional. Sin embargo, reiteró que la decisión del Consejo de Estado es un fallo que debe acatarse, y la existencia de una controversia judicial no exime de cumplir con las determinaciones de los altos tribunales. Recalcó que la estrategia del gobierno de mantener al pueblo movilizado y de buscar vías para acelerar sus objetivos, incluso a través de una Asamblea Nacional Constituyente, es una constante. Advirtió que, si bien los tiempos legales no darían para ello, el intento de «torcer las reglas constitucionales» podría persistir.
Finalmente, Tuirán hizo una reflexión sobre la situación política actual, sugiriendo que la ruta del presidente Petro se asemeja a la de un gobierno que «constantemente está tensionando las instituciones, tomando decisiones por encima del sistema de frenos y contrapesos y los jueces decidiendo». Concluyó que es fundamental «confiar en nuestras instituciones, rodear a nuestras instituciones», y que las decisiones judiciales deben respetarse, especialmente en un contexto de polarización y de cara a futuras elecciones.
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