La situación de extorsión a motocarristas en los municipios de Soledad y Malambo continúa generando gran preocupación entre la ciudadanía, a pesar de las medidas anunciadas tras un Consejo de Seguridad. Aunque se prometieron patrullajes permanentes y vigilancia mixta de Policía y Ejército las 24 horas del día, el temor persiste entre los trabajadores del transporte informal.
La problemática se hizo más visible el pasado fin de semana, cuando la circulación de supuestos pasquines con amenazas extorsivas llevó a que muchos motocarristas suspendieran sus labores por seguridad. Si bien las autoridades han afirmado que los responsables son grupos de delincuencia común y no estructuras criminales organizadas como «Los Pepes», el análisis de expertos difiere.
La Extorsión: Un Flagelo que Desborda a la Delincuencia Común
El abogado e investigador Luis Trejo cuestionó la afirmación de las autoridades, señalando que la delincuencia común carece de la capacidad y los recursos para decretar un «paro armado» de una actividad tan arraigada como el mototaxismo en Soledad. Trejo sugiere que la aparición de un nuevo actor ilegal buscando capturar rentas, sumado a la ya existente presencia de grupos como «Los Costeños», podría desencadenar una guerra criminal que ya se estaría manifestando con el aumento de homicidios en la vía oriental, incluyendo Sabanagrande.
«Lo que uno esperaría es que más allá de esos anuncios rápidamente las autoridades logren golpear a estas estructuras capturando y judicializando a quienes dinamizan no solo la extorsión, sino también el microtráfico y el homicidio», afirmó Trejo.
Obstáculos para Combatir la Extorsión: Un Problema de Alcance Nacional
El profesor Trejo enfatizó que no existe una «medida mágica» y que la solución requiere una estrategia de corto, mediano y largo plazo con objetivos claros para desmantelar organizaciones, golpear sus finanzas y capturar a los sicarios. Advirtió que la extorsión en Colombia no puede ser combatida eficazmente solo por las alcaldías, ya que demanda una intervención ministerial.
Señaló la necesidad de regulaciones por parte del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa para controlar las llamadas extorsivas que provienen de las cárceles y para regular la venta de SIM cards, haciendo responsables a sus titulares. Además, urgió la participación del sector bancario para judicializar a los titulares de billeteras electrónicas que reciben dinero de extorsión.
Trejo lamentó que el Gobierno Nacional, inmerso en la campaña electoral para 2026, pueda centrar sus recursos en territorios con mayor representatividad política, dejando a muchos alcaldes, especialmente en el Caribe colombiano, con escasos recursos para enfrentar problemáticas que los «han desbordado». La tensión y el miedo entre los motocarristas en Soledad son palpables, quienes temen ser victimizados por un grupo u otro si pagan o no pagan la extorsión a los competidores.
Controversia Presidencial y Bandas Criminales
En relación con el reciente evento presidencial en Medellín donde se reunió con jefes de bandas criminales trasladados desde la cárcel de Itagüí, el profesor Trejo calificó el hecho como «muy desafortunado». Consideró que no era el escenario ni el momento para darle tribuna a estas personas, especialmente cuando no existe un marco jurídico para negociar la paz con ellas y cuando el gobierno pareciera utilizar estos escenarios para atacar a rivales políticos, como las administraciones locales de Medellín y Antioquia.
Trejo subrayó que, si el presidente tiene información sobre contubernios entre estas bandas y funcionarios, su obligación es canalizarla a la Fiscalía y no usarla para ataques políticos.
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