El departamento del Atlántico concluyó el mes de junio con un preocupante aumento en las cifras de homicidios, registrando un total de 79 casos. Esta cifra marca una diferencia significativa en comparación con junio del año anterior, cuando se contabilizaron 65 muertes violentas en todo el departamento. Solo en Barranquilla, este junio se presentaron 46 casos, mientras que en Soledad se reportaron 18. Otros municipios afectados incluyen Galapa, Puerto Colombia, Malambo, Campo de la Cruz, Baranoa, Candelaria, Palmar de Varela y Juan de Acosta.
La estadística de 79 homicidios en junio de 2025 contrasta negativamente con los 65 casos de junio de 2024, representando un incremento de 14 víctimas. Esta tendencia al alza se suma a meses anteriores de 2025, donde las cifras se mantuvieron elevadas (72 y 71 casos en los dos meses previos), con la única excepción de febrero, que mostró una ligera disminución. El mes de enero de 2025 fue particularmente crítico, con 96 muertes violentas en el departamento, la cifra más alta en mucho tiempo.
En Barranquilla, la distribución de los 46 homicidios de junio muestra una fuerte afectación en el suroccidente (18 casos, con La Pradera y El Bosque como los barrios más afectados con tres casos cada uno), y el suroriente (16 casos en nueve barrios, siendo Rebolo el más impactado con seis casos, seguido de Galán y El Ferry con dos cada uno). La localidad Metropolitana experimentó una disminución, con siete casos, mientras que en el norte-centro histórico se registró un caso, incluyendo el asesinato de los dos académicos en el barrio Río Mar.
Las cifras acumuladas en el área metropolitana del Atlántico son alarmantes, alcanzando 496 muertes violentas en solo seis meses, y 451 en todo el departamento. De mantenerse esta tendencia, las autoridades advierten que el departamento podría superar nuevamente las 900 víctimas al finalizar el año, una cifra similar a la del año pasado.
El analista Arturo García señaló que del total de 79 homicidios en junio, ocho de las víctimas fueron mujeres, elevando a 29 los casos de feminicidio en lo que va del año. García expresó profunda preocupación por la falta de resultados concretos en casos de alto impacto, como la masacre de Puerto Colombia (donde además de los homicidios, hubo nueve lesionados) y el asesinato de los académicos, lamentando que no se hayan presentado capturas oportunas que respondan a la demanda de justicia de la sociedad civil.
Además de los homicidios, se reportaron 22 casos de personas lesionadas no fatales en siete ataques sicariales durante junio. García también destacó el incremento en delitos conexos como el hurto de automotores y motocicletas, especialmente en barrios del suroccidente y suroriente de Barranquilla, los cuales, según él, están vinculados a la extorsión y sirven como «escuela de inducción al delito» para adolescentes reclutados por estructuras criminales. De los 79 homicidios, 54 fueron por sicariato y 5 fueron producto de hurtos.
El perfil de las víctimas muestra que la mayoría tiene entre 14 y 28 años (39 víctimas), seguido por el rango de 29 a 50 años (17 víctimas), lo que indica una alta afectación a la población joven, tanto como víctimas como victimarios.
Frente a esta crítica situación, Arturo García hizo un llamado a buscar nuevas estrategias, incluyendo la posibilidad de diálogos de paz transitorios con grupos violentos como «Los Costeños» y «Los Pepes», a quienes el presidente Petro ha invitado a conversaciones. García enfatizó que cualquier diálogo debe buscar la verdad, la no impunidad, la reparación y la no repetición, exigiendo a estas organizaciones que revelen quiénes los financian y el origen de la violencia que ha cobrado cerca de 800 vidas en el último año, producto de la guerra entre facciones. Criticó que las soluciones tradicionales basadas en el sistema carcelario y judicial no han logrado detener el aumento de la violencia, a pesar de la inversión de más de 90.000 millones de pesos de los recaudos de seguridad ciudadana en lo que va del año.
El analista concluyó que la sociedad civil debe estar preparada para buscar caminos diferentes, promoviendo el diálogo y exigiendo a los actores violentos el cese de la muerte y la violencia, ya que las cárceles y cementerios ya no son suficientes para contener esta problemática.