Los habitantes del sur del Atlántico expresan creciente preocupación por el aumento de los niveles del Canal del Dique y el río Magdalena, reviviendo el temor a inundaciones como las sufridas en 2010. Gustavo de la Rosa, líder del municipio de Suán, señaló que la solución de fondo recae en el Gobierno Nacional, no en el departamental, debido a la parálisis de la megraobra del proyecto Canal del Dique.
De la Rosa recordó que los estudios para esta obra de gran envergadura se lograron durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con la participación del actual gobernador Eduardo Verano. Aunque la obra se adjudicó a la empresa Sacyr al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, los trabajos iniciales de mitigación y dragado fueron paralizados. La suspensión se debió a objeciones de comunidades de Bolívar y Atlántico, que argumentaron posibles impactos ambientales en la pesca y la fauna. Esto culminó con una tutela y una resolución de la exministra de Ambiente, Irene Vélez, que exigió una licencia ambiental, requisito que aún no se cumple.
Actualmente, la preocupación se centra en la paralización de las obras de mitigación de riesgo, particularmente la protección de la vía que conecta el puente de Calamar con Villa Rosa. Según De la Rosa, existen puntos críticos en este tramo que requieren intervención urgente por parte de Sacyr. Sin embargo, la empresa no ha podido actuar debido a la necesidad de estudios de impacto ambiental y la obtención de la licencia correspondiente, cuya responsabilidad recae en la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y requiere recursos específicos.
De la Rosa enfatizó que la Gobernación del Atlántico no puede asumir estas intervenciones, ya que existe un contrato adjudicado a Sacyr. Aunque aclaró que no hay un riesgo inminente de ruptura del dique, gracias a trabajos de reforzamiento previos, sí existen tramos vulnerables que necesitan atención.
El líder de Suán señaló la complejidad de la situación en Santa Lucía, donde Cormagdalena adjudicó recursos para una muralla de contención, pero la obra está paralizada porque los habitantes exigen que se realice en el casco urbano y no bordeando la carretera. Esto podría llevar a la pérdida de los recursos si no se ejecutan en el lugar previsto.
Hoy, 3 de julio de 2025, se llevará a cabo una reunión en la Gobernación del Atlántico con alcaldes y líderes del sur. La propuesta de Gustavo de la Rosa es que, aunque se requieren la licencia y los estudios ambientales para la obra macro, se permita a Sacyr continuar con las obras de mitigación de riesgo contempladas en su contrato de 3.8 billones de pesos. El objetivo es garantizar la tranquilidad de los habitantes y evitar una nueva tragedia en la región.
