Una preocupante escalada de violencia azota a Barranquilla y su área metropolitana, con un balance alarmante de 22 adolescentes asesinados y 216 aprehendidos por presunta participación en diversos delitos durante los primeros seis meses de 2025. Esta situación se ve exacerbada por la confrontación entre bandas criminales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, que se disputan el control del microtráfico de estupefacientes y las redes de extorsión, incrementando el riesgo para la población más joven.

Muchos de estos menores han sido víctimas colaterales de atentados, tiroteos por «ajustes de cuentas» y balas perdidas, o han sido instrumentalizados para delinquir por parte de estas estructuras criminales.

Según cifras obtenidas, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha aprehendido a 216 menores de edad involucrados en hechos delictivos durante el primer semestre de 2025. El porte ilegal de armas de fuego es el delito más común entre los adolescentes, con 64 aprehensiones (30% del total). Le siguen el hurto a personas con 48 casos (22%), lesiones personales (17 casos, 8%), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (13 casos, 6%), homicidio (12 casos, 6%), extorsión (11 casos, 5%), hurto a entidades comerciales (8 casos, 4%) y hurto de motocicletas (7 casos, 3%). Estas estadísticas confirman una tendencia preocupante en la que los menores no solo son víctimas, sino también protagonistas de la violencia en la capital del Atlántico y sus municipios aledaños.

Reclutamiento y Vulnerabilidad: Una Problemática con Raíces Antiguas

Según Arturo García Medrano, experto en seguridad, el reclutamiento de menores por parte de grupos delincuenciales no es un fenómeno reciente, remontándose aproximadamente al año 2010. García señala que Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto Colombia han sido escenarios de esta instrumentalización, facilitada por la ineficacia de las autoridades administrativas en ese entonces. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para coordinar encuentros en espacios públicos los sábados, transformando estos lugares en lo que se conocía como «patios ilegales» y, posteriormente, «piscinas ilegales».

Estos puntos de encuentro, como los parques Esthercita Forero, Plaza de La Paz, Suri Salcedo y Las Nieves, así como otros espacios públicos en zonas críticas de Barranquilla y Soledad, fueron el punto de partida para la seducción de los menores por parte de las redes delictivas.

García Medrano lamenta que la instrumentalización de menores sea un proceso complejo que no ha sido estudiado a fondo ni atendido a pesar de las denuncias. Esto, según él, explica el fortalecimiento de estructuras que evolucionaron en grupos de violencia criminal, lo que ha llevado a las «cifras exponenciales y lamentables de asesinatos de menores de edad» en los últimos cinco años, ya sea como actores pasivos o activos en la violencia.

El experto en seguridad afirma que para las bandas delincuenciales es fácil reclutar a menores debido a la rapidez de los «ofrecimientos» que se les hacen. Los criminales buscan comunidades con necesidades insatisfechas, donde adolescentes y niños, incluso si están escolarizados, abandonan sus estudios atraídos por la promesa de dinero fácil. «Reciben 50 o 100 mil pesos por llevar un papel de amenaza a un comerciante», ejemplificó García. Los adolescentes son utilizados como mensajeros de amenazas, transportadores de armas o drogas, y en algunos casos, como autores materiales de asesinatos. «El reclutamiento se facilita donde no hay oportunidades y donde fallan las políticas públicas preventivas», aseguró.

Arturo García advirtió que desde 2015 alertaron sobre la presencia de al menos 280 grupos de menores, incluyendo 96 identificados como «combos» y otros como «tribus urbanas», que representaban un escalón hacia el crimen organizado. Muchos de esos adolescentes, lamenta, son ahora líderes criminales.

El experto señaló que organismos como la Policía, Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no han intervenido de manera oportuna ni han generado acciones preventivas efectivas. «Aún persisten las piscinas clandestinas, la captación por redes sociales y la falta de políticas sociales estructuradas», alertó García.

De acuerdo con lo expuesto por García, Barranquilla y su área metropolitana están experimentando las consecuencias de más de una década de omisión institucional frente al reclutamiento de menores. Mientras no se refuercen las medidas de intervención social y educativa, las bandas seguirán viendo en los adolescentes una «semilla fácil» para el crimen, y las cifras de niños asesinados o judicializados podrían seguir en aumento.