Una reforma electoral, recientemente aprobada por el Congreso colombiano y a la espera de la sanción presidencial de Gustavo Petro, modificará profundamente el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La nueva ley restringirá la realización y publicación de encuestas de intención de voto hasta el 31 de octubre de 2025, es decir, tres meses antes del inicio del proceso de inscripción de candidaturas.

De acuerdo con el artículo 5 de la normativa, los sondeos solo podrán llevarse a cabo «a partir de los tres meses anteriores del primer día de inscripciones de candidatos». Esta medida introduce por primera vez una veda extendida sobre este tipo de mediciones, respaldada por congresistas de diversas fuerzas políticas.

Consenso Político sin Consulta Técnica y Preocupación del Sector

A pesar de ser presentada como un «acuerdo nacional», la iniciativa ha generado sorpresa y preocupación en las principales firmas encuestadoras del país, quienes aseguran no haber sido consultadas durante el trámite legislativo. César Caballero, de Cifras y Conceptos, y Pablo Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría, expresaron su asombro ante la falta de diálogo previo.

Expertos del sector advierten que esta medida limitará el acceso de la ciudadanía a información científica sobre el clima político. Martín Orozco, gerente de Invamer, señaló que «la gente no podrá expresarse a través de un método científico comprobado» que les permita conocer las preferencias del electorado.

Cambios Metodológicos y Controles Estrictos

La nueva ley también introduce cambios en la metodología y controles más estrictos. Las encuestas de carácter nacional deberán incluir obligatoriamente a habitantes de municipios con más de 800 mil personas, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha, Cartagena y Cúcuta, además de poblaciones representativas de todas las regiones.

Las mediciones sobre reconocimiento y favorabilidad deberán incorporar a personas con «notoriedad pública significativa» o «reconocimiento manifiesto», aunque la norma no especifica los criterios para definirlos, lo que ha generado interrogantes en el sector. Adicionalmente, las encuestadoras serán responsables civil y penalmente por el incumplimiento de normas estadísticas y deberán entregar la base de datos de cada estudio al Consejo Nacional Electoral, garantizando el anonimato de los encuestados.

Nueva Comisión para Vigilar Encuestas

Como parte de este nuevo marco legal, se creará una Comisión Técnica dentro del Consejo Nacional Electoral, integrada por académicos expertos en estadística. Este órgano será el encargado de auditar y evaluar la calidad metodológica de las encuestas políticas.

El proyecto, radicado en octubre de 2024, avanzó sin mayores obstáculos en el Legislativo. Entre sus promotoras destacan congresistas como Angélica Lozano (Alianza Verde), Clara López (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático), lo que evidenció una inusual alianza multipartidista. Lozano indicó que el texto legislativo no es nuevo, sino una evolución de propuestas anteriores. Sin embargo, la inclusión de una veda tan amplia sobre la intención de voto representa un cambio sustancial que podría modificar la forma en que se construyen candidaturas y se conforman alianzas de cara a las elecciones de 2026.