El Gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de disminuir el costo de las tarifas de energía en el país, especialmente en la región Caribe, ha implementado y anunciado diversas medidas a través del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha estado realizando una «maratónica» socialización del borrador del proyecto de ley de tarifas de energía eléctrica. Este recorrido comenzó en Valledupar a finales de junio y recientemente incluyó Santa Marta y Medellín, con un total de cinco regiones a visitar antes de radicar el proyecto ante el Congreso de la República.

El objetivo principal de esta iniciativa es establecer mecanismos para el régimen tarifario del servicio público de energía eléctrica y adoptar otras disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios. El proyecto no solo busca transformar el sistema tarifario, sino que también contempla focalizar la entrega de subsidios —actualmente dirigidos a los estratos 1, 2 y 3— y garantizar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico.

Una de las propuestas clave de Palma es independizar el cobro de la energía de otros servicios en la factura, a excepción de aquellos municipios donde se cobran conjuntamente aseo, saneamiento básico o alcantarillado. El borrador del proyecto establece explícitamente que «en la factura del servicio domiciliario de energía no podrán cobrarse tasas, impuestos o cualquier otra contribución diferente al valor de este servicio, determinado por el consumo como hecho generador del tributo».

Otra medida significativa es la propuesta de que la deuda de la opción tarifaria, adquirida durante la pandemia por los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de todo el país, sea asumida por los estratos 4, 5, 6 y no residenciales.

En cuanto a los subsidios focalizados, el Gobierno busca beneficiar a los usuarios que «realmente lo necesitan». El borrador advierte que cuando el consumo promedio de un usuario subsidiado supere el doble del consumo de subsistencia, se deberá reasignar el estrato a uno sujeto de contribuciones. Como novedad, el proyecto propone incluir en la Creg a un representante de la academia, uno de los usuarios y uno de los sindicatos.

A pesar de que el proyecto busca aliviar a los usuarios de los estratos más bajos, diversos sectores en la región Caribe han expresado su preocupación, afirmando que el objetivo no se logrará y que, por el contrario, algunos usuarios se verán afectados. Líderes de usuarios en el país han señalado que en una casa de estrato subsidiado pueden vivir numerosas personas, por lo que no se puede «descontextualizar, clasificar ni recategorizar de forma arbitraria». Advierten además que una focalización limitada y excluyente de los subsidios afectará de gran manera a los hogares más vulnerables.