Tras dos meses de permanecer hospitalizado por un atentado de violencia política, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció, y las investigaciones apuntan a que el presunto autor de los disparos sería un menor de 14 años.
En entrevista con Noticias Ya, el abogado penalista Jorge Hazbum explicó el alcance jurídico del caso: “Los menores tienen un estatuto especial, por lo que, incluso tratándose de un homicidio agravado, la pena no superaría los ocho años de internamiento en un centro de rehabilitación. Si al cumplir la mayoría de edad la condena sigue vigente, pasaría a un centro carcelario a terminarla”.
Hazbum añadió que otro menor, de 17 años, vinculado a la investigación, estaba bajo custodia del ICBF, pero se fugó: “Desafortunadamente, los grupos al margen de la ley reclutan muchachos desde los 13 o 14 años para cometer homicidios, sabiendo que las penas son bajas y que, si los capturan, solo enfrentarán unos pocos años de encierro”.
Sobre los adultos implicados, el jurista precisó: “Para los mayores de edad, este es un delito gravísimo. La pena podría superar los 30 años de cárcel. Sin embargo, quienes colaboren con la justicia podrían lograr una rebaja de condena mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Esa colaboración se valora, porque ayuda a esclarecer los hechos y dar con otros responsables”.
Puso como ejemplo el caso de una de las primeras capturadas: “Ella entregó información muy valiosa y eso la puede favorecer. Incluso podría solicitar prisión domiciliaria, sobre todo si se comprueba que es madre cabeza de familia”.
Hazbum aclaró que la prisión domiciliaria “no es libertad, es una medida de aseguramiento. La persona sigue privada de la libertad en su casa y, si sale sin permiso, comete el delito de fuga de presos, lo que implica perder el beneficio y regresar a una cárcel”.
Finalmente, el abogado se refirió a la situación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene medida de prisión domiciliaria: “Si quisiera asistir al sepelio de Miguel Uribe, necesitaría un permiso especial del juez de ejecución de penas. Si lo hace sin esa autorización, estaría incumpliendo la orden judicial y eso generaría un problema legal muy serio”.
