La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó un preocupante informe sobre la violencia que afecta a los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Entre 2016 y el 1 de agosto de 2025, el organismo verificó 383 homicidios de líderes comunales en el país, de los cuales 355 eran hombres y 48 mujeres.

Según la ONU, estos crímenes tienen una relación directa con el liderazgo social de las víctimas y representan el 44 % de todos los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos registrados en ese periodo. Los años con mayor número de homicidios fueron 2018 (115 casos) y 2022 (202 casos). Posteriormente, las cifras mostraron una disminución: 105 casos en 2023 y 89 en 2024. Entre enero de 2024 y agosto de 2025, se han verificado 64 de 85 denuncias recibidas.

La violencia se concentra en los departamentos de Antioquia (44 casos), Norte de Santander (42), Putumayo (36), Cauca (35) y Valle del Cauca (26). A nivel municipal destacan Cúcuta (13 casos), Montañita (7), Tame (6), Argelia (6) y Puerto Asís (6).

En cuanto a los presuntos responsables, la ONU identificó en 55 casos la participación de Grupos Armados No Estatales, entre ellos las disidencias de las Farc (29) y el Eln (14). Además, se atribuyen dos casos a grupos criminales, dos a estructuras de narcotráfico y en nueve no ha sido posible identificar a los responsables.

El informe concluye que estos homicidios forman parte de un patrón de control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales para imponer su dominio sobre economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación y la extorsión. Los líderes comunales son objeto de estigmatización, amenazas y homicidios selectivos, lo que ha provocado renuncias masivas, desplazamientos forzados y cooptación de liderazgos por parte de estas estructuras criminales.

Recomendaciones de la ONU

Frente a este panorama, el organismo internacional propuso siete medidas prioritarias, entre ellas:

• Creación de un mecanismo de reacción rápida para atender emergencias de seguridad.
• Fortalecimiento de las rutas de protección colectiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en los municipios más afectados.
• Establecimiento de una mesa de trabajo con la Fiscalía para dar seguimiento a las investigaciones de los homicidios.

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, advirtió que las próximas elecciones de las JAC representan un escenario de alto riesgo para los líderes comunales, por lo que se requiere una acción urgente y coordinada del Estado para proteger a quienes ejercen estos liderazgos en las comunidades.