La reciente liberación por «vencimiento de términos» del hombre señalado de asesinar a su expareja sentimental, Nalfi Esther Blanco Olmos, cuyo cuerpo fue hallado el año pasado en Sabanalarga, ha generado gran preocupación y debate sobre la administración de justicia.
La familia de la víctima ha manifestado su profunda tristeza y desconfianza en el sistema, sintiendo que «la justicia nuevamente nos ha fallado», a pesar de la existencia de pruebas que, según su percepción, señalarían la autoría del delito.
Para aclarar la situación, el abogado y magíster en derechos humanos, Dr. Víctor Ríos Mercado, explicó el concepto de vencimiento de términos, señalando que se trata de una garantía constitucional contemplada en el artículo 29, que busca que las actuaciones judiciales se resuelvan en «plazos razonables».
Clarificaciones sobre el Vencimiento de Términos
El Dr. Ríos explicó los siguientes puntos clave:
- No es Inocencia: La figura técnica se denomina libertad provisional, no implica que el procesado sea inocente. El proceso penal continúa su curso para determinar la culpabilidad o inocencia.
- Tiempos Procesales: Una vez que una persona es capturada y se realizan las audiencias iniciales (legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento), el fiscal cuenta con 120 días para presentar el escrito de acusación. Si el proceso se dilata más allá de los plazos establecidos, el procesado puede solicitar esta garantía.
- Responsabilidad de la Justicia: El abogado enfatizó que la responsabilidad en estos casos recae en la administración de justicia (jueces y fiscales), no en la defensa. Cuando el aplazamiento es solicitado por la defensa, ese tiempo no se tiene en cuenta para el cómputo del vencimiento de términos. Las fallas se dan por aplazamientos constantes debido a situaciones propias de los juzgados o la Fiscalía.
- Derechos de las Víctimas: El experto aconsejó que las víctimas pueden acudir a un abogado de víctimas para contradecir los aplazamientos y presentar las quejas correspondientes ante instancias penales y disciplinarias contra los funcionarios públicos que incurran en dilación.
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Ríos concluyó aconsejando a la familia de Nalfi Blanco Piña buscar asesoría legal especializada para presentar las quejas y dejar los precedentes procesales ante un caso que, si bien se da por una garantía constitucional, puede percibirse como un «premio» al procesado debido a las fallas de la administración de justicia.
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