Una grave preocupación se ha encendido entre defensores de derechos humanos y movimientos de mujeres en Barranquilla y el Atlántico ante el alarmante aumento de los feminicidios. La cifra de 11 feminicidios tipificados en lo corrido de 2025 ya ha igualado el total registrado durante todo el año 2024, a pesar de que aún faltan meses para que termine el año.
Ruth Pareja, vocera de la Red de Mujeres, expresó su inquietud por la posibilidad de que esta cifra siga en aumento. En diálogo con Noticias Ya!, Pareja señaló que si bien las mujeres están más animadas a denunciar, persisten los «tropiezos en el protocolo de atención» y la «inoperancia» de la justicia, citando casos donde se ha dejado en libertad a victimarios por vencimiento de términos, lo que genera una «desesperanza» en las víctimas.
Fallas en las Alertas Tempranas
La defensora de derechos humanos destacó la necesidad de que las autoridades midan el grado de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que denuncian. Pareja hizo referencia a casos recientes donde, presuntamente, existieron alertas tempranas y anotaciones judiciales previas contra los agresores que no fueron suficientes para evitar los desenlaces fatales.
También se mencionó el caso de Wilmary Guerra Montilla, cuyo padre ha tenido que llevar el proceso de manera casi individual para lograr justicia, lo que, según Pareja, revela una problemática interna en el sistema judicial que no puede resolverse a costa de perjudicar a las víctimas.
El Enfoque de Género en la Tipificación
Ruth Pareja subrayó la importancia de que las autoridades aborden las muertes de mujeres con un enfoque de género diferencial desde el inicio. Un feminicidio se tipifica, entre otros factores, cuando el asesinato se comete por el simple hecho de ser mujer o cuando existe una relación colateral (de pareja, convivencia, etc.) entre la víctima y el victimario.
La vocera insistió en que, siguiendo las orientaciones de la Fiscalía, cualquier muerte de una mujer en hechos de violencia debería verse con una «mirada de feminicidio hasta que no se compruebe lo contrario». Esto evitaría que casos como el de una menor de 14 años arrojada de un vehículo sean tratados inicialmente como simple homicidio, perdiendo el enfoque de género.
Cuestionamientos en un Caso Reciente
Finalmente, se cuestionó la gestión de un caso reciente, el de Kelly Joana de Arco Hurtado, donde el agresor, que se entregó a las autoridades, ha sido judicializado por porte ilegal de armas y no por el asesinato. Pareja pidió celeridad, objetividad y responsabilidad a los jueces de garantía para que no les «tiemble el pulso» al tipificar los crímenes como corresponde, pues la ciudadanía ya está «consciente» de lo que constituye un feminicidio y exige el cumplimiento de la ley.
