Un proyecto de ley sobre regulación y tarifas eléctricas, presentado la semana pasada en el Congreso de la República por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, ha generado una fuerte controversia en la Costa Caribe ante la posibilidad de que millones de usuarios pierdan el beneficio de los subsidios.
La Liga Nacional de Usuarios de la Costa Caribe ha encendido las alarmas, calificando la iniciativa como «el mayor atentado contra los usuarios en el siglo XXI».
Focalización: El Punto Crítico
El centro de la polémica es la propuesta de focalizar los subsidios, restringiéndolos y redefiniendo quiénes son los «merecedores» de recibirlos en los estratos 1, 2 y 3. El argumento del Gobierno se basa en que el actual esquema de estratificación permite que familias con «niveles de vida confortables» sigan recibiendo estas ayudas.
Sin embargo, el proyecto de ley contempla una reducción drástica de los beneficiarios en la región Caribe. Según la exposición de motivos del documento, de los 2.500.000 hogares de estratos 1, 2 y 3 que actualmente reciben subsidios en la Costa, solo el 42% «son realmente merecedores».
Esta cifra implica que cerca del 58% de los beneficiarios actuales—aproximadamente 1.427.907 hogares—perderían el subsidio eléctrico. La Liga Nacional de Usuarios estima que, teniendo en cuenta el promedio de miembros por familia, esta medida afectaría directamente a más de cinco millones de caribeños.
Traslado del Pago de la Opción Tarifaria
Otro punto sensible del proyecto es el traslado del pago de la opción tarifaria (una deuda cercana a los dos billones de pesos) a los estratos 5 y 6, al sector comercial, hospitales, colegios y usuarios no regulados.
Esta propuesta contradice el compromiso que, según la Liga, había asumido el presidente Gustavo Petro en Barranquilla el año pasado, donde se había anunciado que el Estado asumiría el pago total de esta opción tarifaria. La Liga denuncia que, con el nuevo articulado, la carga financiera recaería ahora sobre las clases medias, altas, entidades oficiales y el sector productivo.
La Liga Nacional de Usuarios de la Costa Caribe ha anunciado que continuará denunciando públicamente las implicaciones del proyecto de ley «en desmedro de la población colombiana».
