La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló el domingo 23 de noviembre de 2025 un escándalo de presunta infiltración de las disidencias de las FARC, comandadas por alias ‘Calarcá’, en altos estamentos del Gobierno colombiano. Las pruebas, que incluirían contenidos de computadores y testimonios de miembros del grupo armado, sugieren un nexo directo con el general Juan Miguel Huertas, actual jefe de comando de personal del Ejército, y con Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Los reportes indican que la Fiscalía General de la Nación tendría en su poder, desde hace más de un año, pruebas técnicas —como chats, audios y documentos incautados— que detallarían el presunto rol de Huertas y Mejía como puentes de comunicación entre la estructura ilegal y el Estado. Entre las graves acusaciones, un jefe disidente entrevistado por Caracol afirmó que se habrían utilizado vehículos oficiales para transportar a miembros de las FARC y se les habría facilitado información que les permitió evadir a la justicia en varias ocasiones.

Un documento interno, fechado el 8 de febrero de 2024, revela una comunicación en la que un miembro de ‘Calarcá’ menciona una reunión en Bogotá con un «general retirado» (refiriéndose a Huertas) para «montar una empresa legal de seguridad», con el objetivo de legalizar hombres y armas. El texto sugiere que Huertas habría propuesto usar vehículos blindados del Estado para transportar armamento y establecer estrategias para evadir retenes, destacando su cercanía con el Gobierno Petro. El general Huertas, que había sido destituido por presuntos nexos con falsos positivos y luego reintegrado al Ejército por el presidente Gustavo Petro, negó rotundamente las acusaciones, afirmando que nunca se ha reunido con disidentes.

El otro funcionario señalado, Wilmar Mejía, es descrito por catorce fuentes consultadas por el noticiero como el «verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia». Se le acusa de ser el enlace entre las organizaciones criminales y la fuerza pública, siendo apodado ‘el Chulo’. El testimonio de un disidente señala que Mejía habría facilitado la movilidad de guerrilleros con órdenes de captura en Bogotá, utilizando carros blindados estatales para reunirse y concretar la fachada de la empresa de seguridad, reunión en la que también habría participado el director de Indumil, Juan Carlos Mazo. A cambio de la «ayuda», se habría pactado un acuerdo de no agresión en el Catatumbo, para lo cual Mejía y Huertas habrían entregado los códigos de las frecuencias radiales del Ejército, permitiendo a los disidentes coordinar movimientos para no «chocarse» con las unidades militares. Mejía también negó las acusaciones y cualquier viaje a Venezuela.

La Fiscalía General de la Nación ha sido objeto de crítica, pues a pesar de tener las pruebas en su poder, incluyendo información sobre una supuesta financiación de ‘Calarcá’ a la campaña Petro Presidente, la fiscal Luz Adriana Camargo no habría avanzado en el caso. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó las revelaciones como de «extrema gravedad» y ratificó su denuncia sobre la «sospechosa benevolencia» del Gobierno hacia las disidencias de ‘Calarcá’, grupo que ha sido señalado como posible responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que se mantiene en el proceso de Paz Total.

Tras la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de la red social X, asegurando que ordenó abrir una investigación desde el Ministerio y pedirá celeridad a la Fiscalía. El ministro enfatizó que ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ son «criminales» y que, aunque ‘Calarcá’ hace parte del proceso de Paz Total, si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo en flagrancia, procederá «de inmediato a su captura».

El escándalo también puso en evidencia la profunda ruptura entre el presidente Petro y el otro jefe disidente, alias ‘Iván Mordisco’. Los archivos incautados a ‘Calarcá’ contienen chats de ‘Mordisco’ en los que este manifestaba su intención de «tumbar a Petro» con pruebas de supuestos acuerdos realizados en campaña, mencionando que «todo se hizo a través de Francia Márquez». La vicepresidenta y su equipo de prensa negaron las acusaciones, calificando la campaña como «genuina» y asegurando que ella no se «reúne con criminales». Desde marzo de 2024, el Gobierno intensificó la ofensiva militar contra ‘Mordisco’, con 11 de los 13 bombardeos registrados hasta el 13 de noviembre de 2025 dirigidos contra su estructura.