El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios del Interior y de Justicia, radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley destinado a penalizar de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos en Colombia. Esta iniciativa busca incorporar un nuevo delito al Código Penal para reforzar la capacidad del Estado frente a la posible expansión de esta peligrosa sustancia en el país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la propuesta tiene un enfoque «preventivo y de control temprano». El objetivo principal es evitar que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países logren instalarse en territorio colombiano. Según el ministro, las actividades relacionadas con la fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación de la sustancia serán penalizadas con condenas que oscilan entre 10 y 30 años de prisión.
El proyecto de ley propone la creación de un nuevo artículo (376A) en el Código Penal, estableciendo penas de 140 a 360 meses de prisión y multas que van desde 1.334 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas sanciones se aplicarían a quienes, sin la debida autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen, financien, elaboren o suministren fentanilo. La iniciativa también incluye el fortalecimiento de mecanismos de prevención, vigilancia sanitaria y pedagogía pública.
Gobierno radica proyecto de ley para penalizar el tráfico y porte ilegal de fentanilo en Colombia
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El ministro Benedetti aprovechó la radicación para reafirmar la postura de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, invitando al presidente Donald Trump y al Gobierno estadounidense a «ver de cerca» los esfuerzos del país, destacando la destrucción de laboratorios cada 40 minutos y el decomiso de cifras históricas de drogas. «Este proyecto de ley es otra muestra de que Colombia no será plataforma ni corredor para el fentanilo”, sentenció el jefe de la cartera del Interior.
La iniciativa comenzará ahora su trámite legislativo y será discutida por las comisiones competentes del Congreso de la República.
