La Corte Suprema de Justicia ha llamado a juicio al exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La decisión de la Sala de Instrucción se basa en la investigación sobre un presunto pacto delictivo orquestado para la compra de votos en el departamento del Atlántico, una operación que se habría puesto en marcha desde octubre de 2017.
Este anuncio judicial ocurre poco después de que Char asistiera a la radicación de la lista de Cambio Radical por el Atlántico junto a su padre, Fuad Char, y otros líderes regionales. El excongresista, quien tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense, buscaba su regreso al Senado, un propósito que había generado reservas internas en su partido debido, precisamente, a la investigación penal en curso. En septiembre de 2023, la Corte libró una orden de captura internacional y una circular roja de Interpol contra Char, luego de que fijara su residencia en Estados Unidos.
El expediente de la Corte vincula los hechos con el caso de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, condenada a 15 años de cárcel por estos mismos delitos. La investigación se remonta al allanamiento de la sede política conocida como ‘Casa Blanca’, donde las autoridades encontraron material probatorio de la operación de compra de votos, incluyendo 18 computadores con listados de votantes, documentos financieros como letras de cambio, recibos de caja y $261 millones de pesos en efectivo. Tras la condena de Merlano, la Corte ordenó investigar a 17 personas adicionales, entre ellas Char, el representante Laureano Augusto Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballén y el empresario Julio Gerlein.
Según el cuerpo de la investigación, la misma «empresa criminal» habría sido utilizada para asegurar no solo la elección de Aída Merlano al Senado y de Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara, sino también la reelección del propio Arturo Char. El objetivo de este entramado, presuntamente, era mantener la hegemonía de influyentes clanes políticos de la Costa Caribe, como las casas Char y Gerlein. El expediente recoge testimonios, incluidos los de Aída Merlano, Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosania y Edwin Martínez Salas, que sugieren que el exsenador Char habría visitado la sede ‘Casa Blanca’ entre octubre y diciembre de 2018, lo que lo implicaría en el conocimiento y ejecución del plan. Se señala que cada miembro del entramado habría cumplido un rol específico; por ejemplo, Adalberto Llinás habría sido el coordinador político, buscando un objetivo de 10.000 votos para Char.
El exsenador Char ha rechazado los cargos en el pasado y, al momento de la publicación de esta noticia, aseguró a EL TIEMPO que aún no había sido notificado de la decisión. Su defensa ha insistido previamente en que la Sala de Instrucción ha otorgado valor probatorio a señalamientos que consideran «mentirosos», particularmente los provenientes de Merlano Rebolledo. En 2023, la defensa expresó su confianza en que la Sala revaluara su posición respecto al «rol que erradamente le han dado en esta investigación,» basándose en los principios de investigación integral e imparcialidad.
