El Gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Justicia, radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley destinado a penalizar de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos. La iniciativa busca incorporar un nuevo delito al Código Penal y establecer medidas de control más estrictas ante la amenaza de la expansión de esta sustancia en el país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto tiene un enfoque preventivo, buscando impedir el asentamiento de laboratorios de fentanilo en Colombia. El proyecto penalizará todas las actividades relacionadas con la fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación de la sustancia con penas que oscilarían entre 10 y 30 años de prisión.
La iniciativa propone la adición de un nuevo artículo (376A) al Código Penal. Este artículo establecería penas de 140 a 360 meses de prisión y multas significativas (entre 1.334 y 50.000 salarios mínimos) para quienes, sin la debida autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen, financien, elaboren o suministren fentanilo. Además de la penalización, el proyecto incluye el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, vigilancia sanitaria y campañas de pedagogía pública para reducir los riesgos asociados.
El ministro Benedetti subrayó que la radicación del proyecto es una prueba del compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. «Este proyecto de ley es otra muestra de que Colombia no será plataforma ni corredor para el fentanilo,» afirmó, invitando al Gobierno estadounidense y al presidente Trump a observar de cerca los esfuerzos del país en la destrucción de laboratorios y el decomiso de drogas.
Con su radicación formal, el proyecto de ley inicia ahora su trámite legislativo y será discutido en las comisiones competentes del Congreso de la República.
