La violencia contra los representantes comunitarios vuelve a encender las alarmas en el departamento del Atlántico tras el asesinato de Pablo José Almansa Cañate. El líder social, vinculado a la Junta de Acción Comunal de Villasol en Soledad, fue atacado en un hecho que las autoridades investigan inicialmente como un hurto, pero que para las organizaciones sociales representa un síntoma de la desprotección sistemática que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

Desde la Federación Nacional de Juntas de Acción Comunal se advirtió sobre el impacto directo que estos crímenes tienen en la estructura social del país. El presidente de la federación, Alexis Marriaga, informó que la inseguridad ha derivado en una ola de renuncias masivas de líderes que temen por sus vidas. El vocero subrayó que la pérdida de un dirigente no solo afecta a una familia, sino que puede desarticular los procesos organizativos de un municipio durante años.

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El caso de Almansa Cañate fue llevado ante la mesa departamental de víctimas para exigir resultados concretos en las indagaciones. Los líderes comunitarios denuncian que la falta de información sobre los avances de las investigaciones en casos anteriores, como los de los líderes Cuero y Barrios, genera desconfianza en las instituciones y deja a los sobrevivientes en un estado de indefensión frente a los grupos delictivos.

Finalmente, la dirigencia comunal solicitó una reevaluación de las políticas de seguridad territorial. En lugar de solicitar escoltas permanentes, los líderes proponen una integración efectiva con sistemas de vigilancia tecnológica y una presencia estatal que garantice un entorno seguro para el trabajo comunitario, el cual consideran esencial para la estabilidad de los barrios y zonas rurales del país.