El abogado y analista Porfirio Castillo ofreció un balance crítico sobre la situación de orden público en Colombia, señalando que la estrategia de paz del ejecutivo ha perdido vigencia y eficacia. Según Castillo, las organizaciones armadas ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC, han demostrado una capacidad de acción que supera la respuesta estatal. El jurista atribuyó esta situación no a una incapacidad técnica del Ejército Nacional, sino a una falta de legitimidad y jerarquía moral en la política dirigida por el presidente Gustavo Petro.

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En el ámbito regional, Castillo advirtió sobre un fenómeno de desplazamiento de la criminalidad en el departamento del Atlántico. Según su análisis, mientras en Barranquilla se reportan disminuciones estadísticas en ciertos delitos, la violencia se ha trasladado hacia zonas rurales y municipios como Sabana Larga y Baranoa. El analista cuestionó las cifras oficiales que indican una reducción del 80% en la extorsión, calificándolas de alejadas de la realidad que enfrentan diariamente los comerciantes y ciudadanos en las calles.

Finalmente, el jurista expresó su preocupación por lo que denominó una «cultura de la muerte» arraigada en la sociedad, manifestada en el incremento de feminicidios y crímenes contra menores. Para Castillo, las instituciones del Estado, incluyendo al Congreso y los organismos de control, no han mostrado una preocupación real frente a esta degradación social, mientras el discurso oficial se concentra en promover reformas agrarias y económicas que, a su juicio, carecen de resultados tangibles.