Luego de los recientes siniestros viales que dejaron un saldo de 17 personas fallecidas en un caso y múltiples heridos en la vía Medellín-Rionegro, especialistas en movilidad denunciaron la existencia de un «secreto a voces» respecto a la manipulación de certificados de idoneidad vehicular. La crítica se centra en la ligereza con la que algunos centros de diagnóstico y empresas de transporte evaden la Ley 1503 de 2011, que regula el sistema de gestión de seguridad vial en Colombia.

Isidro Ruiz, especialista en la materia, explicó que la responsabilidad de estos hechos es compartida. El conductor tiene la obligación constitucional de verificar las condiciones del automotor antes de iniciar la marcha, mientras que las empresas deben garantizar competencias técnicas y mantenimientos certificados. La sanción de seis meses impuesta por la Superintendencia de Transporte busca sentar un precedente contra los organismos privados que, mediante fraude, permiten la circulación de vehículos no aptos para el servicio público.

[Escuche]

El análisis técnico indica que el panorama legal para los implicados es complejo, ya que un fallo de la Superintendencia se convierte en una prueba fundamental para las demandas civiles de las víctimas. Las autoridades han hecho un llamado para que las revisiones de oficio sean periódicas y no reactivas, evitando que la supervisión estatal ocurra únicamente después de tragedias que involucren la pérdida de vidas humanas.