Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, expresó su rechazo a la propuesta del Gobierno Nacional de implementar una sobretasa de 8 pesos por kilovatio hora en el Sistema Interconectado Nacional. Según el dirigente, esta medida busca que 16 millones de familias y empresas en todo el país asuman la deuda superior a los 2 billones de pesos que mantiene la empresa Air-e con las generadoras de energía, tras su intervención hace más de un año.

[Escuche]

Desde la Liga de Usuarios se argumenta que el Gobierno cuenta con mecanismos legales y financieros, como el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, para capitalizar a las empresas intervenidas sin trasladar el costo a los ciudadanos. Alarcón recordó que en procesos anteriores, como el de Electricaribe, se inyectaron recursos estatales significativos, y cuestionó que en esta ocasión se opte por un cobro adicional que afectaría el bolsillo de los consumidores a nivel nacional.

La organización civil advirtió que la medida es desproporcionada, especialmente ante los recientes créditos internacionales adquiridos por la Nación. Asimismo, informaron que se encuentran en consultas con gremios y sectores sociales para definir posibles acciones de protesta, al considerar que los usuarios ya pagaron por la energía consumida y no deben ser responsables de la insolvencia financiera de la compañía prestadora del servicio.