La estabilidad financiera de los departamentos colombianos se encuentra bajo presión tras la entrada en vigencia de medidas tributarias que elevan el costo de las estampillas de licores y aperitivos. Desde el punto de vista técnico, se argumenta que el centralismo fiscal está «asfixiando» la capacidad de ejecución de los gobernadores, quienes ahora deben administrar un tributo cuya mayor parte de ingresos se traslada al nivel nacional. El abogado Ángel Tuirán señaló que este fenómeno debilita la planeación local y reduce el margen de acción de los alcaldes y gobernadores frente a las demandas sociales.

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El escenario actual plantea un dilema jurídico para los mandatarios departamentales: acatar un decreto con fuerza de ley que consideran lesivo para sus finanzas o esperar la revisión de la Corte Constitucional. Existe el temor fundado de que el incremento de precios en los productos legales facilite el ingreso de mercancía de contrabando, lo que afectaría directamente los ingresos destinados a la red hospitalaria pública. Los gobernadores sostienen que el diseño institucional actual no les otorga una voz vinculante en la toma de decisiones que afectan directamente sus fuentes de recaudo.

Frente a la reunión programada con el Ministerio de Hacienda, la expectativa de las regiones es lograr una redistribución de los ingresos o una suspensión de la medida. Mientras el Ejecutivo defiende el decreto bajo el amparo de un estado de emergencia, las autoridades locales insisten en que la descentralización no debe ser solo ideológica, sino material. El desenlace de esta tensión dependerá de la celeridad con la que los órganos de control judicial evalúen si el incremento impositivo vulnera los principios de equidad y autonomía consagrados en la Constitución de 1991.