La presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal en Barranquilla, Silvia Padilla, advirtió que cualquier agresión física o verbal cometida por un residente contra trabajadores de vigilancia o proveedores puede derivar en graves consecuencias económicas para toda la copropiedad. Según la experta, dado que el servicio de seguridad se presta a la persona jurídica, un ataque contra un vigilante en ejercicio de sus funciones —como el control de acceso a parqueaderos— activa una responsabilidad civil extracontractual que deben asumir solidariamente todos los propietarios del edificio o conjunto.

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Padilla explicó que, aunque las empresas de seguridad cuentan con pólizas de vida, las aseguradoras tienen la facultad de realizar procesos de recobro contra la copropiedad por los daños y perjuicios ocasionados. «Si un vigilante sufre una lesión grave, la administración y los copropietarios responden inicialmente, y luego la copropiedad deberá emprender acciones legales internas para repetir contra el vecino agresor», señaló. Esta situación implica un desgaste financiero y jurídico que afecta el patrimonio común de los residentes, independientemente de si participaron o no en el altercado.

El análisis surge tras recientes incidentes de intolerancia reportados en ciudades como Bogotá y Barranquilla, donde domiciliarios y personal de seguridad han sido objeto de maltratos. La especialista enfatizó que las áreas comunes no son propiedad privada individual, sino espacios sujetos a reglamentos de convivencia y al Código Nacional de Policía. Por ello, instó a las administraciones a aplicar las multas establecidas en los reglamentos y a los propietarios a revisar sus contratos de arrendamiento para deslindar responsabilidades ante conductas inapropiadas de sus inquilinos.